Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 02/03/2007 19:12
MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha pedido por carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que cualquier tipo de acuerdo en materia de inmigración que firme con Marruecos respete los derechos humanos.
En vísperas de que se celebre la VIII Reunión del Alto Nivel entre España y Marruecos los próximos lunes y martes, AI también reclama al jefe del Gobierno que inste a las autoridades marroquíes a que dejen de "criminalizar" la actividad pacífica del colectivo saharaui.
En un comunicado, AI recuerda al Ejecutivo que la colaboración para el control de la inmigración "no debe impedir que las personas que huyen de persecución soliciten asilo y obtengan protección". También muestra su preocupación por las repatriaciones desde España de menores no acompañados de origen marroquí que se llevan a cabo como "reagrupaciones familiares" y que se realizan "sin el debido proceso legal, sin tener en cuenta la situación familiar del menor y sin una adecuada asistencia letrada".
Por otro lado, manifiesta su preocupación por el hecho de que sigan sin hacerse públicos los resultados de las investigaciones iniciadas por las autoridades españolas y marroquíes por las muertes ocurridas entre Marruecos y las ciudades de Ceuta y Melilla, entre agosto y octubre de 2005.
Con respecto al Sáhara Occidental, AI denuncia que a lo largo del último año y medio, la comunidad saharaui dedicada a la defensa de los derechos humanos ha sido objeto de una "campaña de represión" a manos de las autoridades marroquíes.
El caso más reciente afecta a Brahim Sabbar, secretario general de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí, y su compañero Ahmed Sbai, quienes se enfrentan a los cargos de pertenencia a una asociación no autorizada e incitación a actividades violentas de protesta contra la administración marroquí del Sáhara Occidental.
Amnistía Internacional ha expresado su temor de que ambos estén sufriendo acoso judicial por su labor de defensa de los derechos humanos y del derecho a la libre determinación de la población del Sáhara Occidental.
En este sentido, AI solicita al Gobierno que inste a las autoridades marroquíes a dejar de criminalizar la actividad pacífica del colectivo saharaui dedicado a la defensa de los derechos humanos y que proteja el derecho de toda la población saharaui a expresar pacíficamente sus opiniones sin miedo a sufrir represalias, incluidas las relacionadas con el asunto del Sáhara Occidental.
RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Le requiere también que transmita a las autoridades marroquíes su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión en Marruecos, especialmente para asuntos relativos a la monarquía y a la disputa sobre el Sáhara Occidental.
Se refiere en este caso a la orden dada en enero de 2007 por un tribunal marroquí que ordenó la clausura durante dos meses de la revista Nichane, que había publicado un artículo donde se hacían bromas sobre cuestiones consideradas tabú y condenó a tres años de libertad condicional y a una multa de 80.000 dirhams (aproximadamente 7.200 euros) al director de la publicación y al autor del artículo.
AI también denuncia la persecución del grupo islamista no autorizado Al-Adl wal-Ihsan (Justicia y Caridad), después de que éste iniciara una campaña de captación de nuevos miembros. Más de 3000 miembros fueron interrogados, aunque la mayoría quedó en libertad sin cargos.