Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 28/12/2007 11:40
El pleno del Parlamento vasco aprobó hoy una proposición de ley derivada la una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear una Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, al resultar rechazadas las enmiendas parciales presentadas por tripartito y EHAK, que ayer obtuvieron dos empates. En la votación de hoy obtuvieron un tercer empate, por lo que decayeron, y fue aprobado el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, que incluye el compromiso de promover la adopción de medidas para abolir totalmente la deuda externa de los países pobres.
La propuesta, tramitada a raíz de una ILP sustentada en 45.254 firmas, incluye el compromiso de promover la adopción de medidas para abolir totalmente la deuda externa de los países pobres, y su debate se produce cerca de cuatro años después de la presentación de la ILP.
El objetivo de la ley es establecer una carta de justicia y solidaridad, de tal forma que, a través de la lucha contra los principales aspectos de injusticia e insolidaridad que se dan en las relaciones internacionales actuales, se logre avanzar hacia "un desarrollo humano, sostenible y equitativo en el conjunto del planeta".
El texto incluye el compromiso de promover la adopción de las medidas necesarias para abolir totalmente la deuda externa que el conjunto de países empobrecidos tiene contraída con los países enriquecidos, la banca internacional y las instituciones financieras internacionales.
Además, se plantea la promoción de medidas para establecer "unas relaciones comerciales más justas entre todos los países del mundo, poniendo fin al denominado comercio desigual y contribuyendo al desarrollo del comercio justo".
En la iniciativa se recoge que el Gobierno vasco destinará, a través de un plan plurianual y durante diez años, una partida presupuestaria extraordinaria a la cancelación de la deuda externa que los países empobrecidos tienen contraída con el Estado español.
Esta partida se gestionará a través de "un convenio específico entre los Gobiernos vasco y central", mediante el cual se "priorice cancelación de la deuda de los países más empobrecidos y de la deuda pública", y se tienda hacia una "cancelación de cada deuda que redunde en la mejora de la cobertura de las necesidades sociales más acuciantes de los países beneficiados".
El importe que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco es el 6,24 por ciento de la deuda o, en su caso, el índice que se establezca en la Ley Quinquenal del Cupo.