La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, que investigue al periodista de la Cadena Cope Federico Jiménez Losantos por considerar que podría haber calumniado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a raíz de algunos de sus comentarios sobre los atentados del 11-M, tal y como reclamó el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
En un informe firmado por el fiscal Ignacio Gordillo, el Ministerio Público reclama al magistrado que acepte la competencia de investigar a Jiménez Losantos, al entender que sus opiniones podrían constituir un delito contra las instituciones del Estado equivalente a los delitos contra Altos Organismos de la Nación contemplados en el Código Penal de 1973.
Según fuentes fiscales, Gordillo justificó su petición a partir del antiguo Código Penal porque en esta legislación se distinguía a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como altos organismos e instituciones del Estado, especificación que se retiró en el texto reformado de 1995.
VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El SUP presentó los pasados días 12 y 17 de diciembre dos querellas contra Federico Jiménez Losantos, periodista de la Cadena Cope, y Luis Del Pino, colaborador de Libertad Digital y el diario 'El Mundo', argumentando que algunos de sus comentarios sobre el 11-M vulneraban "el legítimo ejercicio a la libertad de expresión" y suponían "una extralimitación del mismo, incurriendo en presuntos delitos de injurias y calumnias".
En relación con la querella contra Luis del Pino, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5 que dirige Baltasar Garzón, la fiscal Dolores Delgado no ha emitido todavía un informe en el que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, según informaron hoy fuentes del Ministerio Público.
En las querellas, en las que el sindicato policial llamaba "locutor rabioso" al periodista de la Cope, se incluían recortes de prensa y grabaciones en las que éstos supuestamente acusaban a agentes con nombres y apellidos de colocar la bomba de Vallecas, haber permitido el atentado, haber falsificado pruebas, tener conexiones con ETA y colaborar en un golpe de Estado.