La Generalitat impuso 143 sanciones lingüísticas sobre rotulación y señalización entre los años 2003 y 2005, en cumplimiento de la Ley de Política Lingüística, y por las que recaudó 169.550 euros, según datos facilitados a Europa Press por los grupos de C's y PP en el Parlament.
El artículo 32 de la Ley de Política Lingüística (1998) establece que la señalización y carteles de información general que sean fijos, además de los documentos de oferta de servicios para usuarios y consumidores de establecimientos abiertos al público, "deben ser redactados, al menos, en catalán".
Al iniciarse la presente legislatura, el conseller de la Vicepresidencia, Josep Lluís Carod-Rovira, matizó en sede parlamentaria que este tipo de sanciones no se debe a la presencia de lenguas distintas al catalán, sino que "hace referencia a la ausencia de la lengua catalana".
A su vez, el entonces portavoz adjunto del grupo popular, Daniel Sirera, ya dijo que "desde que un socialista preside la Generalitat, las sanciones lingüísticas han aumentado un 400%", en alusión a las impuestas de 2003 a 2005.
El PP empezó la legislatura pidiendo reformar la ley del catalán para suprimir las sanciones a comercios sobre rotulación, y resolver los 298 expedientes entonces abiertos por esta causa para que quedaran sin sanción.
Sirera explicó que "por un tíquet de caja en castellano se imponen multas de 1.800 euros; por pólizas o rótulos de horarios se imponen hasta 3.000 euros de multa; por un cartel de 'Salida de Emergencia' sólo en castellano se pagan 900 euros de multa; por carteles de precios 600 euros; por los de 'No permitido fumar' se pagan 1.200 euros de multa si no están también en catalán, igual que por los relativos a derechos del usuario".
De la misma manera, el Grupo Mixto (Ciutadans), existente desde esta legislatura, ha criticado igualmente que la ley del catalán sancione estos usos.
311 SANCIONES LINGÜÍSTICAS EN 2006.
En cuanto a las sanciones lingüísticas en general, durante 2006 se impusieron 311, según datos obtenidos por C's en sede parlamentaria.
De esta cantidad, las sanciones por vulneración de derechos lingüísticos supusieron un importe de 55.675 euros; y las correspondientes a cualquier otro tipo de infracción lingüística, 631.849 euros.