MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
Una voluntaria española presentó hoy una querella en la Audiencia Nacional contra más de un centenar de agentes de policía mexicanos por los delitos de "torturas", "abusos sexuales" y "violación" presuntamente cometidos durante su detención en mayo de 2006 en la revuelta que tuvo lugar en las localidades mexicanas de Texcoco y Atenco.
Cristina Valls, que ha presentado la demanda con el apoyo de la organización internacional defensora de los derechos de las mujeres Women's Link Worldwide, denuncia concretamente a 140 miembros de la Policía Federal Preventiva, la Policía del Estado de México y las policías municipales de Texcoco, aunque asegura que el número de responsables de los abusos "es más alto".
Los hechos tuvieron lugar entre el 3 y el 5 de mayo de 2006 durante el "operativo brutal" que desplegaron 3.000 policías durante las protestas protagonizadas por campesinos contra el proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México que pretendía confiscarles sus tierras.
Conocido como el 'caso Atenco', los abogados de la organización califican lo ocurrido como "un gravísimo episodio de represión policial y violación de derechos fundamentales".
La directora ejecutiva de la organización, Viviana Waisman, explicó hoy en rueda de prensa que en los sucesos participaron 3.000 policías, que detuvieron a 200 personas de las cuales 47 eran mujeres. Aclaró "que todas han alegado que fueron víctimas de abusos sexuales y violación" durante su traslado en camiones al Centro de Prevención y Readaptación Santiaguito.
Valls explicó que el trayecto, que "en condiciones normales se puede hacer en dos horas", duró seis y que iban "apiladas en el suelo del camión".
La demandante aseguró que "todos los momentos fueron duros", aunque destacó la impotencia que sintió al ver cómo los medios mexicanos "tergiversaron y criminalizaron" el caso dejando ver que "eran los campesinos los que golpeaban a los policías", cuando en realidad "había una proporción de diez a uno" favorable a los agentes.
COLABORACIÓN DE MÉXICO
Aunque la abogada de Valls, Paloma Soria, lamentó que no haya "ningún mando encarcelado", se mostró optimista en que la Audiencia Nacional reciba de buen grado la demanda y tome las acciones oportunas porque "tiene la posibilidad de que este delito de tortura no quede en la impunidad". También se mostró convencida de la colaboración de México "para esclarecer los hechos".
Women's Link Worldwide presenta la querella ante la Audiencia Nacional porque Valls fue expulsada del país y no puede volver a México en cinco años, por lo que se le ha impedido presentar cualquier tipo de demanda ante la Justicia mexicana.
Además, la organización entiende que la legislación vigente otorga competencia a los tribunales españoles para investigar y juzgar los delitos recogidos en los tratados y convenios internacionales ratificados por España. Precisamente, el delito de tortura está contemplado en la Convención contra la Tortura de 1984, de la que España es signataria y que ratificó en 1987.
La demanda reclama la aplicación de la Sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional, que establece que el único requisito para abrir procedimiento y perseguir un crimen de esta gravedad es que la persona demandada no haya sido juzgada en el extranjero por los mismos hechos y en relación con las mismas personas.
En cuanto al apoyo de las autoridades españolas, Valls aseguró que "no ha habido ningún pronunciamiento del Gobierno" y que su único contacto con las autoridades fue el que tuvo con el cónsul en México, al que trató de explicar los hechos antes de ser deportada pero que, según la voluntaria, no le hizo "ningún caso".
Tras la presentación de la querella, la demandante y sus abogados ofrecieron una rueda de prensa y posteriormente se manifestaron frente a la Audiencia Nacional junto a alrededor de 50 partidarios.