Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 19/08/2007 15:13
El Ministerio de Sanidad y Consumo estudia la viabilidad de regular algunas terapias alternativas e incluirlas en la cartera del Sistema Nacional de Salud si se prueba su efectividad y eficacia, una tarea que reconoce que actualmente está sin abordar y que "resultará compleja, debido a la gran cantidad de factores a tener en cuenta".
En una respuesta parlamentaria al diputado socialista Joan Oms, recogida por Europa Press, reconoce que es una asignatura pendiente en nuestro país, cuando hay otros de nuestro entorno donde estas terapias ya se encuentran regularizadas. "En el caso de algunas de estas terapias se producen situaciones paradójicas, como la de que los profesionales que las practican en ciertos estados miembros de la UE lo hacen fuera de la legalidad, mientras que se consideran prácticas legales en otros", como es el caso de España, reconoce.
Esto es así porque, aunque el Parlamento Europeo realizó un informe sobre medicina alternativa y complementaria y trató de implicar a la Comisión Europea en el objetivo de conseguir una regulación comunitaria de estas terapias, finalmente las "marcadas diferencias" entre los estados miembros en cuanto a la regulación del sector hicieron inviable este acuerdo, a pesar de que la OMS recomendó en 2004 el uso adecuado de las medicinas tradicionales que hubieran demostrado su utilidad y supusieran riesgo mínimo.
En el caso de España no se ha abordado esta regulación al considerarse que se trata de una tarea "compleja" en la que tendrían que abordarse la regulación tanto de los profesionales, como los centros y las propias terapias, muy diversas, en lo que tendrían que combinarse el Ministerio de Sanidad y Consumo con el de Educación y Ciencia, además de los conflictos de intereses que previsiblemente surgirían entre los profesionales sanitarios y los no cualificados que desarrollan estas terapias.
Sin embargo, las autoridades sanitarias reconocen que la regularización de estas terapias aportaría ventajas: "contribuiría a mejorar la seguridad de los usuarios al establecer criterios de control sobre las prácticas, los profesionales que las desarrollan y los productos que se utilizan; proporcionaría una información accesible a los usuarios sobre la eficacia y posibles reacciones adversas de las terapias, y posibilitaría la valoración de la inclusión de terapias de eficacia demostrada en el sistema sanitario público".
UNA PARTE "CONSIDERABLE" DE LOS ESPAÑOLES LAS USA
Por ello, y ante la evidencia de que "una parte considerable" de los españoles ha utilizado en algunas ocasión este tipo de terapias, la anterior ministra de Sanidad, Elena Salgado, solicitó la actualización de un estudio realizado en 2000 por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, en el que se estimó que "persistían grandes incertidumbres sobre la utilidad clínica de la mayoría de estas técnicas", según recuerda Sanidad.
Recientemente se ha solicitado que se actualice el estudio "a la luz de los conocimientos actuales con el fin de comprobar si algunas de las técnicas dispusieran de la suficiente evidencia de eficacia y efectividad como para considerar su inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud". Con ello, pretende comprobar si algunas de las técnicas disponen de la suficiente evidencia de eficacia y efectividad como para considerar su inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Para evitar los posibles conflictos con los profesionales sanitarios, el departamento de Sanidad y consumo ha iniciado "aproximaciones" con representantes de los sectores implicados al objeto de analizar su naturaleza, peculiaridades y repercusión sobre el ámbito de la salud y determinar cuáles son las medidas de carácter normativo que se deberán acometer para regular el sector.
Actualmente, la normativa aplicable a las terapias naturales y no convencionales está recogida en la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de ordenación de las profesiones sanitaria y la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.