Fiscal pide diez meses de cárcel para Tomás Olivo por no parar la obra de un muro de 'Gran Plaza'

Actualizado 30/11/2007 15:07:34 CET

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministerio fiscal ha solicitado diez meses de prisión para el empresario murciano Tomás Olivo por ignorar un auto y una sentencia firme que obligaban a la mercantil General Galerías Comerciales SA a paralizar la construcción de un muro del centro comercial 'Gran Plaza' de Roquetas de Mar (Almería) que invadía una propiedad privada.

El escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, considera la actitud mantenida por Olivo entre los años 2003 y 2004 constitutiva de un delito de desobediencia por el que el titular Juzgado de Instrucción número dos de Roquetas de Mar, Antonio Luis García, ordenó en auto el pasado día 15 la apertura de juicio oral.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial sostiene que el promotor implicado en el 'Caso Malaya' continuó la ejecución de la obra hasta su terminación definitiva en enero de 2004 pese a tener conocimiento de los dispuesto en una sentencia firma de la Sección Segunda.

La citada sentencia, con fecha de 2 de julio de 2003, confirmaba la orden de "inmediata suspensión" dictada por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Roquetas de Mar que, en febrero de 2002, señaló que el muro se levantaba dentro de los límites de la finca propiedad del agricultor denunciante, Francisco Martín.

Posteriormente, según consta en la calificación fiscal, General de Galerías Comerciales SA añadió un bordillo de tipo no remontable de hormigón prefabricado que quedó dentro del área a retranquear que marcaba la sentencia y, por tanto, en suelo de este particular.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno ya ordenó en providencia el pasado mes de febrero la demolición de parte del citado muro y la restitución del estado en que se encontraba la finca cuando se notificó la paralización de obras a cargo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (PP) y de la mercantil.

El legalidad del centro comercial 'Gran Plaza' continúa envuelta en una trama judicial de contencioso-administrativos cruzados entre el Consistorio, General de Galerías Comerciales, Comerciantes del Poniente (COPO) y Junta de Andalucía, que se dirimen en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)

El titular del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, ordenó en diciembre de 2006 el levantamiento de la orden de cierre que pesaba sobre la superficie al carecer de la preceptiva licencia comercial de la Junta de Andalucía.

Rivera consideró desproporcionado el daño social que supondría la clausura dictada por el TSJA para los cerca de 3.000 trabajadores de 'Gran Plaza' aunque la Administración autonómica interpuso un nuevo recurso ante el Alto Tribunal andaluz contra la decisión del magistrado.

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