Guardias civiles imputados por narcotráfico niegan su implicación y señalan amenazas del instructor

 

Guardias civiles imputados por narcotráfico niegan su implicación y señalan amenazas del instructor

Actualizado 05/05/2008 19:17:50 CET

ALMERÍA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Carlos Anselmo P.J. y Manuel G.M., dos agentes de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) acusados de cooperar con una red internacional de narcotráfico que introdujo al menos diez toneladas de hachís por la costa almeriense entre febrero y octubre de 2001, negaron hoy su implicación en los hechos y señalaron "amenazas" por parte de un teniente del Grupo Fiscal y Antidroga (GIFA) identificado como P.H., que, según la versión de los dos imputados, tenía "rencillas" con ellos por culminar con éxito operaciones que no lograba realizar la unidad de este alto mando.

Durante la vista oral, retomada hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, ambos negaron haber realizado cualquier seguimiento a la cámara térmica con el fin, tal como defiende el fiscal, de alertar a la banda de traficantes de la presencia de la Benemérita y facilitar así el alijo de la sustancia estupefaciente.

Ambos agentes respaldaron la declaración del tercer guardia civil imputado, Maudilio P.L., sargento del cuartel de Roquetas, que resaltó en su declaración ante el magistrado Benito Gálvez, el pasado 25 de abril, la "enemistad" que existía entre el grupo de investigación de delitos comunes del que estuvo al mando desde principios de 2000 y el GIFA, así como la "persecución" de que fueron víctimas por parte de determinados mandos superiores a los que acusaron de actos "irregulares".

Durante la sesión de hoy declaró también como testigo el propio P.H., instructor de las diligencias contra la red de narcotraficantes, que argumentó la participación de los tres agentes acusados, en primer lugar, en las referencias a la "seguridad" de las operaciones de la banda en las conversaciones interceptadas entre algunos miembros, que hablaban de "meter gran cantidad" de hachís para "compensar" el "coste adicional" de esta "seguridad".

El instructor reveló además que, ante la sospecha de que la red recibía la ayuda de algunos guardias civiles, montó un dispositivo de contravigilancia para seguir la cámara térmica, único elemento de control en aquel momento para detectar los posibles desembarcos de hachís en la costa.

Fruto de esta investigación, según relató, su grupo observó que los dos agentes imputados, de baja psicológica en el periodo de actuación de la red, "vigilaban" la cámara térmica y observó que cuatro de las operaciones de la trama coincidieron "casualmente" con los días de descanso del sargento Maudilio, al que también achacó el "control" de la cámara.

El Ministerio Fiscal pide para los tres guardias civiles un total de 17 años y tres meses de prisión por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos y violación de secretos.

Junto a los tres guardias civiles, se sientan en el banquillo otros dos presuntos miembros de la trama, H.M.M. y F.J.M.J., después de que el Ministerio Fiscal y la defensa pactaran una pena total de 26 años y medio de prisión para otros 13 implicados, mientras que sigue en busca y captura otro imputado.

Los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre febrero y octubre de 2001 cuando los hermanos A.S.S., residente en Marbella (Málaga), y M.S.S., vecino de Motril (Granada), cabecillas de la red, organizaron, de común acuerdo con otras personas, la introducción de importantes cantidades de hachís desde la costa norte de Marruecos con embarcaciones tipo 'zodiac' a diferentes lugares de la geografía peninsular para su posterior distribución y comercialización en España o en la Unión Europea (UE).

Para sus ilícitas actividades, contactaron en Marruecos con el imputado H.M.M., que participaba en el suministro de la droga y organizaba el embarque en la costa marroquí, normalmente en la zona conocida como la Mar Chica.

En Almería, los cabecillas contactaron con los procesados J.M.F., J.M.S. F.J.M.J. y J.F.C.L., todos vecinos del Poniente, que participaban, en un nivel menor, en la organización del transporte de hachís tanto por vía marítima como por tierra una vez desembarcado, se proveían de personas para la descarga de la sustancia estupefaciente y se ocupaban de su almacenaje y posterior traslado a los puntos de destino.

En la trama, según el fiscal, tomaron también parte P.J.B.R. y J.B.P., afincados en Galicia y cuya labor consistía en contribuir a la organización de los transportes de hachís y pilotar en ocasiones las embarcaciones que se empleaban.

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