Aplazado al 28 de octubre el juicio contra el alcalde de Fines y su hermano por falta de un testigo

 

Aplazado al 28 de octubre el juicio contra el alcalde de Fines y su hermano por falta de un testigo

Actualizado 04/07/2015 0:17:45 CET

ALMERÍA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vista oral contra el alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, y su hermano ha quedado aplazada a octubre por la incomparecencia de un testigo citado para este lunes.

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que el juicio ha quedado señalado para el día 28 a las 11,00 horas en el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería.

Sánchez (PP) y su hermano se enfrentan a penas individuales de dos años y tres meses de prisión acusados de ejecutar obras en agosto de 2005 para construir una piscina y una edificación anexa en una finca de su propiedad y en "suelo calificado como no urbanizable".

El Ministerio Público imputa al regidor y a Francisco Sánchez la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia, ya que ambos continuaron presuntamente con la obra pese a que "tenían conocimiento" de la existencia de una orden para paralizar de forma inmediata los trabajos.

Según recoge el escrito de acusación, Rodrigo Sánchez y su hermano, como propietarios de una finca no urbanizable localizada en la parcela 10 del polígono 47 del paraje rural de Los Llanos, procedieron en agosto de 2005 a realizar "movimientos de tierra" para construir una piscina y una edificación anexa a una vivienda.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía notificó a los acusados con fecha 16 de marzo de 2006 la apertura de un expediente sancionador y comunicó una orden de paralización "inmediata" de los trabajos de desmonte que estaban realizando en su propiedad.

El fiscal resalta que, "pese a tener conocimiento de dicha prohibición", de la que fueron informados en dos ocasiones más en septiembre y noviembre de ese mismo año para comunicar la propuesta de multa y su resolución definitiva, tanto el alcalde como su hermano "desatendieron los requerimientos de la autoridad y continuaron los trabajos".

El Ministerio Público interesa la imposición de penas de un año y medio de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio del artículo 319.2 y 3 del Código Penal y de nueve meses de prisión por delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556.

Solicita, además, el pago de sendas multas de 16 euros a razón de 12 euros al día e inhabilitación especial para empleo u oficio relacionado con la construcción por periodo de dos años.

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