ALMERÍA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción en Andalucía ha animado este jueves a los propietarios de viviendas ilegales que denuncien a los ayuntamientos que han dado licencias "a sabiendas de su ilegalidad" y exijan indemnización por la inversión que hayan realizado.
El colectivo ha abogado por esta medida después de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería haya declarado al Ayuntamiento de Albox responsable civil subsidiario y haya fijado en un total de 142.800 euros la indemnización por daños morales y perjuicios para cuatro familias de origen inglés.
En un comunicado, Ecologistas en Acción ha considerado que "este es el camino", ha indicado que esta resolución debe ser "tomada como jurisprudencia" y ha rechazado que la solución al problema de las viviendas fuera de ordenación esté en un sistema de regularización como el propuesto por la Junta de Andalucía mediante la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
"Esta vía produce de facto una amnistía urbanística generalizada y una vía para delinquir en construcciones con posterioridad sobre suelo rústico", ha trasladado el coordinador, Rafael Yus, para quien "la única solución eficaz es la demolición".
Yus ha abogado, en esta línea, por denunciar al ayuntamiento correspondiente por dar una licencia de construcción en suelo no urbanizable a sabiendas de su ilegalidad y exigirles la indemnización de la inversión realizada en sus viviendas.
"En todo caso, las indemnizaciones no deben pagarlas los ayuntamientos, sino los alcaldes o concejales de Urbanismo que, por dejación o por haber incurrido en manifiestas ilegalidades, han permitido o autorizado la construcción de estas viviendas", según ha matizado.
Yus ha celebrado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2, si bien, cabe recordar que en su fallo rechaza ordenar el derribo de las siete viviendas unifamiliares de la urbanización 'Las Palmeras' ya que considera que la medida causaría "más perjuicios que beneficios" a compradores "de buena fe" y estimar que las casas "pueden ser legalizadas en un breve espacio de tiempo que depende de trámites administrativos".
"Aunque la inmensa mayoría de los propietarios y constructores de viviendas ilegales conocían perfectamente su ilegalidad y se aprovecharon de la connivencia activa o pasiva de los ayuntamientos, en algunos casos exigiéndoles a cambio una "mordida" fraudulenta, es cierto que en algunas comarcas de Málaga y Almería ha habido casos de auténticas estafas o engaños a ciudadanos de países de la UE", ha concluido.
