Excorporación de Zurgena (Almería) se enfrenta a nuevo juicio por urbanismo esta semana

 

Excorporación de Zurgena (Almería) se enfrenta a nuevo juicio por urbanismo esta semana

Publicado 03/04/2016 10:54:36CET

ALMERÍA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La excorporación local de Zurgena (Almería), con el exalcalde Cándido Trabalón, se enfrenta esta semana a un nuevo juicio que ha sido suspendido en dos ocasiones, la última hace un año por incomparecencia de quien fuera edil de Urbanismo, Manuel Tijeras. La nueva cita judicial llega después de que hayan sido absueltos bien en primera instancia, bien por la Audiencia Provincial, en cinco de los procedimientos ya sustanciados de los 13 que se incoaron por presuntos delitos de prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Otros dos fueron sobreseídos mientras que un octavo tendrá que repetirse.

Así, el Juzgado de lo Penal 2 de Almería acoge el próximo miércoles el arranque de la vista oral por la autorización de una parcelación para construir 37 viviendas unifamiliares en el paraje Los Carasoles siendo "conocedores" presuntamente de que se había prescindido de manera "absoluta" del procedimiento administrativo legalmente establecido y de que era suelo no urbanizable.

Junto a Trabalón y Tijeras, están imputados otro exedil y también el arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel. Todos se enfrentan a una petición fiscal de 18 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial en un juicio que está previsto quede visto para sentencia el próximo viernes.

La Fiscalía indica en su escrito que la mercantil Promobel Rocosa solicitó en diciembre de 2004 una licencia para la parcelación urbanística de un terreno rústico de su propiedad, dividiéndolo en 37 parcelas para la construcción de otras tantas viviendas unifamiliares.

La solicitud dio lugar a un expediente en el marco de cual presuntamente Carlos Domingo Berbel emitió dos informes en los que afirmaba que la referida parcela "estaba dentro de la Delimitación de Suelo Urbano (DSU) aprobada en pleno y en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)" aunque lo hizo, según dice, "omitiendo deliberadamente" para que fuera concedida que ninguno de los dos instrumentos había entrado en vigor.

Habría omitido, por tanto, que, conforme a la normativa vigente, el suelo no era urbanizable y la parcelación no estaba permitida, a lo que el fiscal añade que "no se emitió" en el expediente administrativo el preceptivo informe jurídico.

Trabalón y los dos excargos públicos están acusados por su participación en la Comisión de Urbanismo celebrada en febrero de 2005 y en la que votaron "a favor de la licencia solicitada, haciendo constar que acordaban por unanimidad informar favorablemente el parcelario propuesto por la promotora".

El Ministerio Público estima que "todos ellos conocían" que en la tramitación del expediente se había prescindido "absolutamente" de procedimiento administrativo legalmente establecido "pues se había omitido --subraya-- el informe jurídico preceptivo y que la parcelación era contraria a la normativa urbanística".

En el caso de Tijeras añade que supuestamente dicto un decreto ese mismo día en que se celebró la comisión en el que acordaba conceder autorización a la parcelación "sabiendo que la ley las prohíbe en suelo no urbanizable" y que en mayo, habría expedido una licencia "en la que expresaba que en Zurgena no era preceptiva ni para fincas urbanas ni para rusticas la correspondiente licencia de segregación".

"No obstante, inmediatamente después se autorizaba a dividir la finca en 37 parcelas y calificaba la parcelas como de naturaleza urbana cuando sabia que eran suelo no urbanizable, expresaba la superficie de las parcelas restantes e, incluso, hacía constar que la superficie restante de la finca matriz serían destinadas a viales".

La Fiscalía imputa a los acusados la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio de los artículos 320.1 y 320.2 de Código Penal.

La última suspensión, ya que la primera se remonta a 2014, se debió a que Tijeras no se personó en el acto de juicio, por lo que la magistrada resolvió suspender la vista oral. Sólo se opuso a esta decisión otro de los acusados, el arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel, cuya defensa alegó que supondría "un gran perjuicio" para él ya que, en la actualidad, reside y trabaja en el extranjero "con la pérdida de días y dinero que ello conlleva".

CINCO ABSOLUCIONES

La excorporación local de Zurgena ha sido absuelta, bien en primera instancia, bien por la Audiencia Provincial, en cinco de los procedimientos ya sustanciados de los 13 que se incoaron por presuntos delitos de prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Otros dos fueron sobreseidos mientras que un octavo tendrá que repetirse.

Otra causa por estos mismos delitos está a la espera de que se celebre juicio, también señalado este mes ante Juzgado de lo Penal 2 de Almería, mientras que otros tres están en distintas fases procesales como la presentación de escritos de defensa, pase al Ministerio Fiscal para formular acusación o solicitar archivo, o envió al juzgado de lo Penal para señalamiento de vista oral.

Al margen, está el macroprocedimiento de la operación 'Costurero' por presunta corrupción urbanística en la que figuran 25 encausados y que dará comienzo el 10 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería por la supuesta comisión de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, contra la ordenación del territorio y desobediencia.

Entre los encausados figuran integrantes de las corporaciones locales de Zurgena entre 2003 y 2011, funcionarios públicos de la administración local, empresarios promotores y constructores, así como profesionales de la arquitectura. En el auto de apertura de juicio oral el juez resolvió imponer a Trabalón, quien se enfrenta a penas que suman 180 años de cárcel y 1.050 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, una fianza civil de 571.147 euros.

Para Tijeras, el Ministerio Público tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión mientras que los otros ocho excargos públicos imputados en la causa, se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno y que oscilan entre las 80 y las 15, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias o no.

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