Fiscal mantiene petición de 8 años de cárcel para el funcionario de Junta acusado en caso 'Cheques'

Publicado 02/02/2018 16:42:39CET

ALMERÍA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal ha mantenido la petición de ocho años de prisión y 15 años de inhabilitación especial para el funcionario de la Junta de Andalucía acusado de apropiarse de 246.641,06 euros de dinero público depositado en una cuenta que no estaba sujeta a "fiscalización" por parte del servicio de intervención y sobre la que no se realizaba "control alguno" sobre la misma por parte de los responsables del departamento.

Durante el trámite de informes celebrado este viernes en el marco del juicio con tribunal de jurado que debe dilucidar la culpabilidad o no culpabilidad de M.G.L., procesado por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, el Ministerio Público ha estimado "acreditado" en sala que fue él "quien cobró la totalidad de los cheques" de forma presuntamente fraudulenta y ha hecho alusión para respaldar su afirmación al empleado de caja de la entidad bancaria, quien declaró "desde un primer momento" que fue M.G.L. quien lo hizo.

Ha señalado que este testimonio "quiebra" la versión del acusado, quien ha sostenido que "sólo realizó una extracción" de las 49 que se le achacan en un primer periodo temporal en 2009, cuando estaba como autorizado en la cuenta, y que los cheques eran "expedidos" por él pero "por orden" del exdelegado de Medio Ambiente Clemente García y el secretario, A.I.S. a quienes les hacía "entrega" de los mismos "para el pago de compromisos contraídos".

"No puede decir que no hizo las extracciones porque el empleado le ha identificado como la persona que los cobraba y a la que entregaba el dinero en efectivo", ha remarcado el fiscal, quien ha expuesto, asimismo, que los funcionarios citados en calidad de testigos "han coincidido también en señalarle como gestor y responsable histórico de la cuenta".

Ha hecho referencia, asimismo, al informe patrimonial de la Policía Nacional sobre M.G.L. aportado a la causa y en el que se apreció que en dos ocasiones durante 2009 "importes similares" a los extraídos de la cuenta de la administración pública "ingresados en cuentas particulares del acusado". "Él dice que corresponde a un dinero que recibió de su padre por su boda pero no hay prueba documental alguna que respalde eso", ha apuntado.

Sobre la segunda tanda de cheques, entre 2011 y 2012, cuando ya no estaba autorizado en cuenta y de la que el procesado ha negado cualquier relación, ha reiterado que el empleado de caja le sigue señalando como la "persona que los cobró todos", que se hicieron "con la misma mecánica que los primeros", que "consta" su firma y que "modificó" los números del DNI.

El Ministerio Público ha explicado al jurado popular, para contrarrestar la principal línea de defensa, el porqué no está procesado en la causa el exdelegado de Medio Ambiente Clemente García, quien sí estuvo investigado "hasta hace cuatro días" según el abogado de M.G.L., y ha sostenido que no se aprecia "responsabilidad penal" en el pago con dos cheques nominativos de casi 50.000 euros a dos medios de comunicación con cargo a esa cuenta y cuando estaban prohibido el gasto publicitario en la Junta debido a la crisis económica.

Sí fue condenado García por el Tribunal de Cuentas pero el fiscal ha sostenido que las contrataciones "se realizaron" aunque la cuenta era finalista y solo podía sufragar inversiones en los montes públicos y que el informe patrimonial que la Policía Nacional hizo sobre él "no se detectó aumento de patrimonio ni nada sospechoso" que "sí se encontró en el acusado".

"DEJACIÓN Y NEGLIGENCIA CONTINUADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA"

Este extremo ha sido cuestionado, no solo por la defensa, sino también por el abogado de la entidad bancaria a la que la Junta, personada como acusación particular señala como responsable civil subsidiaria, quien ha recordado que la sentencia del Tribunal de Cuentas que condenó contablemente a Clemente García concluyó que las publicaciones en prensa no se hicieron en beneficio de la Delegación sino a beneficio personal del propio político". "García dijo que fue un error de los jueces pero yo les digo que los jueces se equivocan mucho menos que los políticos", ha añadido.

El letrado ha subrayado la "dejación y la negligencia continuada" del Gobierno andaluz con una cuenta "de dinero público" que "jamás fue fiscalizada desde su apertura en 1986" y ha criticado en esta línea que los 12 cargos, "once de libre designación", que declararon como testigos recurrieran al "no lo sé, no es mi competencia, no lo conozco o, la respuesta estrella, me enteré por la prensa" y ha remarcado que, desde que se creo la cuenta, la Junta "no haya invertido ni un solo duro en lo que era el objeto de la misma, el mantenimiento de los montes públicos".

"Ha quedado probado que se contrató y se pago publicidad de manera verbal y sin concretar precio cuando los contratos de ese tipo estaban prohibidos y que, pese a que los intereses que generaba esa cuenta revertían en otra si fiscalizada y que, durante el tiempo en que se realizaron estas extracciones esta cuantía disminuyó, nadie jamás reparó en ellas hasta 2013. Eso para nosotros es un absoluto descontrol", ha subrayado para señalar que el hecho de que se pagaran supuestamente cheques al procesado en la época en la que ya no estaba autorizado "se debió a un error humano involuntario por abuso de confianza". "El único que no se ha enterado por la prensa ha sido el banco".

LA DEFENSA CUESTIONA EL QUE "NO ESTÉ EN EL BANQUILLO" EL EXDELEGADO

Por su parte, el letrado de la defensa ha cuestionado las testificales del empleado de banca y de los funcionarios de la Junta "asegurando que todos tenían mucho que perder en este procedimiento" y ha asegurado que la actuación del exdelegado de Medio Ambiente "es delictiva". "Cabe preguntarse porqué no está en el banquillo destinando fondos públicos para otro fin que no era público y con el secretario como vehículo mediador aunque él era el artífice. No se ha podido enganchar a Clemente García pero en un montaje de este tipo el responsable no puede ser un funcionario casi último en el escalafón. M.G.L. se dedicaba a hacer solo lo que le decían", ha dicho.

Ha apuntado que el fiscal "sigue sin saber dónde está el dinero" y que apoya la acusación en el testimonio del empleado de caja que "se estaba jugando su puesto de trabajo". "Tendría sus razones para decir lo que dijo", ha apuntillado al tiempo que ha desgranado ante el jurado popular "todas las pruebas que pedimos en instrucción y nos fueron denegadas" y que, a su juicio, "hubieran dejado las cosas muy claras" como pruebas caligráficas, de cuerpo de escritura.

"Sobre la primera tanda de cheques es evidente que lo hizo M.G.L. por orden de Clemente García, que clarísimamente debería estar sentado en el banquillo, pero de la segunda tanda de cheques no hay ni una sola prueba contra él", ha concluido para pedir un pronunciamiento de no culpabilidad o, subsidiariamente, que se aprecie que concurren las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de dilaciones indebidas y colaboración con la Justicia ya que, según ha remarcado, M.G.L. "desde un primer momento contó lo que sabía".

La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, también ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales en las que interesa la pena de diez años de prisión.

Al finalizar el trámite de informes, el procesado ha hecho uso de su derecho a la última palabra para pedir "disculpas" al tribunal "por perder los estribos ante la cantidad de mentiras que estaban diciendo Clemente García y A.I.S." y reiterar que expidió y firmó los cheques "solicitados por ellos en la convicción de que era parte de su trabajo". Esta previsto que el próximo martes se entregue el objeto de veredicto al jurado popular.