IU pide la comparecencia en el Congreso de Dastis para explicar por qué la información sobre Palomares es "reservada"

Alfonso Dastis en una sesión de control al Gobierno en el Congreso
Archivo/Europa Press
Publicado 12/04/2018 13:28:16CET

ALMERÍA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de IU en el Congreso ha solicitado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, para que explique por qué el Gobierno ha declarado "materia reservada" la documentación relativa a los planes para la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares, Cuevas del Almanzora (Almería).

La petición, registrada el miércoles y firmada por el portavoz de Unidos Podemos, Alberto Garzón, la diputada de IU Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamente, también diputado de IU, interpela acerca de las razones por las cuales se ha tomado la decisión de declarar las negociaciones como materia reservada "frente al derecho constitucional de acceso a la información pública".

Cabe recordar que la Abogacía del Estado ha trasladado ante la Audiencia Nacional (AN) que los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear (CNS) sobre Palomares son "confidenciales" y por lo que no pueden ser aportados al proceso contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción para que se obligue a la ejecución del plan de rehabilitación aprobado por el Gobierno.

Aunque la Audiencia Nacional sí ha requerido al regulador atómico para que remita el informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica que aprobó en julio de 2015 y que evaluaba los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados por el accidente registrado en 1966, ha rechazado pedir copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en mayo de 2010, informe del departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.

La Abogacía del Estado alega que el Ministerio de Asuntos Exteriores aplicó a todo el proceso relativo a Palomares la normativa sobre secretos oficiales, calificando los documentos como reservados, y, como consecuencia, "los documentos generados en él, por cuanto hacen referencia o contienen información incluida en la documentación presentada, se clasificaron internamente como confidenciales para su tratamiento y protección".

La coordinadora provincial de IULV-CA, María Jesús Amate, ha trasladado en comunicado que la decisión del Gobierno supone un "uso arbitrario de la Ley de Secretos Oficiales con el único fin de que pueda justificarse todo" y lo ha calificado de "muy grave".

"De nuevo el PP vuelve a dar lecciones de oscurantismo y falta de transparencia. Los vecinos y vecinas de Palomares merecen ya saber conocer todo lo referente a su municipio porque sufren 2 desde el año 1966 las consecuencias y la falta de información de ese accidente", ha asegurado Amate.

La diputada de IU por Málaga, Eva García Sempere, ya interpeló al Gobierno tras visitar Palomares para saber si iba a realizar unilateralmente los trabajos para la extracción, concentración y estiba temporal de los residuos porque España está tecnológicamente capacitada para ello.

Ecologistas en Acción presentó la demanda que ha impulsado este procedimiento contencioso-administrativo para instar a la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Palomares acordado por el pleno CSN en mayo de 2010 y obligar a que se fije un plazo para llevar a efecto el tratamiento "de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos".

En su demanda, sostiene que se ha producido una modificación del Plan de Rehabilitación de Palomares "a instancias del Department of Energy, DOE" de EEUU y que se "han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a", lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.

"IMPOSIBILIDAD" DE EJECUTAR EL PLAN Y FIJAR UN PLAZO

En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado ha admitido la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter "preliminar" y solo esboza líneas generales sin dar "pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)".

Reconocee, en esta línea, que la "ayuda" de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de "importancia primordial para dar solución definitiva a este problema", ya que España "no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio" y reconoce que "no existe acuerdo para la gestión final de los residuos" generados.

Por último, traslada a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, "garantiza que actualmente no se supera la dosis" citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado "tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo".