ALMERÍA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha manifestado este viernes que la creación de registro público de hombres con antecedentes por maltrato en el ámbito de la violencia de género "podría ser un instrumento" para evitar "fisuras" y que exista un mayor "control" en la coordinación entre ayuntamientos, Junta y Gobierno central de cara a evitar que el maltratador pueda actuar.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Almería la titular andaluza de Igualdad, quien ha apuntado que esta cuestión debe ser objeto de debate en los órganos dependientes de la Comisión de Igualdad del Congreso que se acordaron a raíz de la propuesta que, según ha indicado, elevó el Ejecutivo andaluz para un pacto de Estado contra la violencia de género.
Sánchez Rubio ha insistido en que, en cualquier caso, el culpable de una agresión "es quien agrede" y "la institución y la sociedad tiene que hacer todo lo posible" para "impedir" dicha agresión. En este sentido, se ha referido al crimen de la mujer asesinada presuntamente a manos de su expareja en Huércal de Almería el pasado domingo al que le constaba una orden de búsqueda y captura para su ingreso en prisión por un delito de estafa y falsedad documental, y ha apuntado que "si este señor hubiera estado en la cárcel, no hubiera estado con la agredida".
Así, ha incidido en que en los casos de violencia de género se debe tener en cuenta "cualquier medida que se adopte" para "evitar" este tipo de casos en los que hay involucrados hombres con antecedentes por maltrato que, según ha añadido, la víctima "posiblemente no conociera".
La consejera ha recordado que durante la última reunión de presidentes de comunidades, la líder del Gobierno andaluz, Susana Díaz, introdujo la necesidad de abordar un pacto de estado contra la violencia de género para el que se deberán estudiar una serie de propuestas que, dependiendo de las conclusiones, conllevarán "reformas legislativas".
En este sentido, ha puntualizado que ya se habla en el Congreso de "interrumpir en algunos casos y suspender el régimen de visitas para evitar que se utilice a los menores como un instrumento para dañar a las madres".
"Si el caso por ejemplo de la señora de Córdoba, de Ruth y sus hijos, que fueron asesinados, hubiera ocurrido en este momento, se le hubiera aplicado la normativa de violencia de género porque ya, después de la reforma de la Ley de Infancia y Familia de 2015 de España, se considera a los menores como víctimas directas", ha explicado.
Con ello, ha abundado en que "la consideración de los menores como víctimas directas, el régimen de visitas, la posibilidad de tener algún registro" son "elementos que se deben valorar" en un pacto de Estado.
