Piden cárcel y 18 años de inhabilitación para el alcalde de Sorbas por presunta prevaricación

Actualizado 10/12/2010 16:43:52 CET

El juez impone a José Fernández (PP) una fianza de 48.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil

ALMERÍA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Sorbas (Almería) y portavoz del PP en la Diputación Provincial, José Fernández, para quien el fiscal solicita una pena de dos años y seis meses de prisión y un total de 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público por autorizar, entre otras, la construcción de una promoción de ocho viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable en la pedanía sorbeña de La Mela.

El auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, al que ha tenido acceso Europa Press, impone además una fianza de 48.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias al regidor sorbeño, a quien se acusa junto a los tres concejales del equipo de gobierno José Martínez, Ana Idañez y José Ramos, que enfrentan cada uno 15 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación por un presunto delito prevaricación.

Fernández Amador, quien concurre a la reelección en los próximos comicios municipales de 2011, y los tres ediles concedieron por unanimidad en junta de gobierno celebrada en julio de 2005 licencia municipal de obras a la mercantil 'Manzana Homes', de la que eran administradores los también acusados David M. y Spencer H.J.F., para construir ocho viviendas unifamiliares aisladas en la pedanía de La Mela.

Según consta en el escrito de calificación fiscal, los cargos públicos autorizaron la obra pese a conocer que se promovía sobre suelo no urbanizable y sin que en el expediente administrativo constase el "preceptivo informe jurídico", por lo que, ahonda, "prescindieron totalmente del procedimiento legalmente establecido" al adoptar una resolución que sabían "contraria a la legislación urbanística vigente".

El citado expediente administrativo fue tramitado por el arquitecto técnico municipal Pablo Antonio L.G., quien emitió informe favorable "a sabiendas de su ilegalidad" y, con posterioridad, concretamente en 2006, también dio visto bueno para que se concediese la licencia de segregación que solicitaron los promotores para la finca aunque "conocía" que era ilegal ya que supone "una parcelación urbanística en terreno rústico".

La Fiscalía considera a este funcionario, a quien el juez ha impuesto fianza de 48.000 euros, autor de delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación, por lo que interesa para él la misma pena de cárcel e inhabilitación que para el alcalde sorbeñó, que, según relata en su escrito de acusación, autorizó la segregación "prescindiendo de manera absoluta del procedimiento legalmente establecido" y lo hizo, además, "de forma totalmente arbitraria" ya que decidió que alrededor de una cuarta parte de la finca fuese urbanizable y el resto permaneciera como rústica.

La obra promovida por la mercantil 'Manzana Homes', que fue paralizada por orden judicial en febrero de 2007 con suspensión de licencia municipal, ha llevado a juicio, asimismo, al arquitecto que diseño el proyecto, Lucas Carlos C.M. y al director técnico, Pedro C.F., quienes enfrentan penas de 15 meses de prisión, dos años de inhabilitación para profesión u oficio relacionado con la construcción y multa de 24 meses a razón de 12 euros al día por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

David M. y Spencer H.J.F. están acusados del mismo delito y enfrentan las mismas penas que el arquitecto y el director técnico y, al igual que ellos, han tenido que satisfacer fianzas de entre 11.520 y 24.000 euros para responder a responsabilidades pecuniarias ya que la empresa de la que eran administradores realizó contratos de compraventa de viviendas, para las que se pide demolición, pese a que tan sólo se terminó de construir una de estas sobre una finca rústica que el fiscal define como "un trozo de tierra de secano" de 8.936 metros cuadrados de extensión.

El alcalde de Sorbas se enfrenta a otra petición fiscal de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público en otro procedimiento penal incoado por autorizar la construcción de tres viviendas sobre suelo no urbanizable y de especial protección al estar incluido en el área de Sierra Cabrera declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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