PP-A reclama más recursos a la Junta para las oficinas de atención a víctimas en Almería

 

PP-A reclama más recursos a la Junta para las oficinas de atención a víctimas en Almería

La diputada del PP-A Rosalía Espinosa
EUROPA PRESS/PP
Publicado 26/03/2017 15:16:17CET

ALMERÍA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Andalucía, a través de su parlamentaria por Almería Rosalía Espinosa, ha solicitado al consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, la dotación de más recursos para las oficinas de atención a las víctimas que en el 2015 "atendieron a 500 mujeres solo" en esta provincia.

En una nota, desde el PP recuerdan el papel de estas oficinas en atención integral y coordinada a los problemas padecidos por las mujeres como consecuencia de su victimización, así como la función de dar respuesta a sus necesidades específicas en los ámbitos jurídico, psicológico y social, mediante la intervención interdisciplinar de un equipo técnico.

En total, explica Espinosa, durante el año 2015 se han atendido 6.782 víctimas en Andalucía, y el perfil de la víctima almeriense que acude a esta oficina es la de una mujer, de entre 30 y 44 años, soltera, con estudios primarios y la mayor parte derivadas por los juzgados de violencia de género, por otros órganos judiciales y por iniciativa propia.

La parlamentaria del PP señala que es fundamental que todas las personas que hayan sido víctimas de un delito conozcan la existencia de estas oficinas, así como los medios que están a su disposición y las indemnizaciones para resarcir los daños materiales, físicos o psíquicos que hayan podido sufrir a consecuencia de un delito.

En su intervención ante el consejero de Justicia, Rosalía Espinosa ha recordado que el Estatuto de la Víctima es una ley que pretende dar a la víctimas de los delitos en general la asistencia necesaria por parte del Estado y de las comunidades autónomas, de forma que no vuelvan a hacer "doble víctima" a una misma persona, una vez por haber sufrido un delito y otra por no encontrar el apoyo necesario en el Estado y en las comunidades autónomas, con el fin de resolver los problemas o secuelas físicas o psíquicas que les haya podido ocasionar el delito cometido.

Además obliga a las comunidades autónomas a contar con una oficina de atención a las víctimas de delito, como mínimo en cada provincia, a tener protocolos especiales para proteger a las personas más débiles, acompañarlos a los juzgados, a la policía, a los servicios sociales, a demandar la ayuda que necesiten, y a procurarles asistencia psicológica si fuera necesario.

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