ALMERÍA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha manifestado este martes que su partido va a impulsar una proposición no de ley que llevará al Congreso y a la Cámara andaluza para instar al Gobierno un cambio normativo que impida el derribo de viviendas ilegales hasta que los propietarios de las mismas, demostrados compradores de buena fe ajenos a su construcción, no sean indemnizados.
Así lo ha indicado a Europa Press el secretario provincial a raíz de la demolición de dos viviendas unifamiliares propiedad de familias británicas construidas sobre suelo no urbanizable en el paraje Las Terreras, en Cantoria (Almería) como consecuencia de una decisión judicial.
Según ha explicado Sánchez Teruel, ha través de un cambio en el Código Penal se daría respuesta a lo que los afectados "han venido reclamando y con los que compartimos su posición", en cuanto a que "no se pueda llevar a cabo una demolición si antes no se ha dado al tercero de buena fe que adquirió la vivienda, y que tiene que acatar la demolición, la indemnización que le corresponde".
El líder de los socialistas almerienses ha apuntado que la situación a la que se enfrentan los afectados, ya que queda "doblemente estafados" ante la pérdida de la vivienda que ha sido declarada "ilegal" y ante un "promotor insolvente" que "no es va a indemnizar nunca en la vida" pese a que fue "quien vendió la casa y se llevó el dinero".
"Es de justicia proteger al tercero de buena fe, que es víctima del delito", ha apuntado Sánchez Teruel, quien ha indicado que su partido promoverá este cambio para evitar nuevos casos. "Esto es algo que el colectivo pidió a Javier Arenas y a Esteban González Pons para las elecciones europeas y no ha hecho nada", ha recalcado el dirigente socialista.
En esta línea, ha reiterado que "todos tenemos deberes y responsabilidades" por lo que "el Gobierno de la Junta está cumpliendo con su deber con la modificación de la LOUA" para evitar más casos como estos, si bien en las viviendas afectadas con proceso judicial en marcha "la modificación normativa en el ámbito estatal sería solución magnífica" ante una "absoluta injusticia social".
