UN ESTATUTO PARA EL SIGLO XXI

Manuel García

La reforma de nuestro Estatuto de Autonomía arrancó en el debate sobre el estado de la Comunidad en 2001. Ahí, el entonces Presidente Manuel Chaves lanzó la propuesta. En diciembre de 2003 el gobierno presenta en el Parlamento un documento de Bases para la reforma del Estatuto. En las elecciones de marzo de 2004 el PSOE incluye en su programa electoral el compromiso de la reforma. Finalmente, es el Parlamento el que hace suya la propuesta e inicia el proceso que culmina con el referéndum de 2007.

   Con independencia de otras valoraciones, me parece necesario resaltar que el inicio del procedimiento de reforma del Estatuto de Andalucía tuvo lugar en unos momentos que ya anunciaban la necesidad de abordar de forma integradora y global el problema de la organización territorial de España, sobre todo por la puesta en escena del Plan Ibarreche y la permanente dinámica de tensión institucional de Cataluña. Teníamos la convicción los socialistas andaluces de que Andalucía podía jugar un papel central en el debate territorial, defendiendo una profundización del marco autonómico, plenamente respetuosa a la vez con el texto constitucional, y potenciando los instrumentos de cooperación y colaboración interinstitucional típicos de los estados de corte federal. Nadie sabe qué hubiera ocurrido si nuestro Estatuto se hubiera aprobado en las Cortes antes que el de Cataluña, como pretendíamos desde Andalucía, para marcar un camino integrador y modernizador, pero no pudo ser.

Siendo cierto todo lo dicho, ocultaría la verdad si no pusiera el acento en el otro gran factor de cambio que los socialistas andaluces atribuíamos a nuestra reforma: se trataba de culminar el ciclo del Estatuto de Carmona, el de 1981, para que el nuevo estatuto fuera la palanca de apoyo del proceso de Segunda Modernización de Andalucía que se nos antojaba plenamente necesario; si el primero hizo posible el mayor y más prolongado periodo de modernización económica y social de nuestra historia, la reforma debía servir para hacer frente a las nuevas realidades de la Andalucía del siglo XXI: los nuevos derechos sociales y de ciudadanía, los retos de la construcción europea, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la competitividad de nuestra economía en un mundo globalizado, la plena igualdad de género, la mejora de la calidad de nuestra democracia, por citar algunos de esos retos.

Luego vino la crisis; algunas de aquellas ambiciones están inéditas, otras se han visto frenadas por las políticas de recortes y recentralización del gobierno central, otras han encontrado respuesta en la acción del gobierno de la Junta y en la de su Parlamento. Pero nadie debería olvidar que el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía sigue vivo y vigente, que es no solo el mejor instrumento para que la ciudadanía andaluza, desde el poder político conquistado el 28 de Febrero, progrese y avance hacia una sociedad mejor, sino que también puede ser un elemento de referencia en la salida al debate territorial tensionado hoy especialmente desde Cataluña. Han pasado diez años, pero lo mejor está por venir.