EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), tras las informaciones relativas a que la Fiscalía interesa la imputación de varios miembros del consejo de administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A. (Apemsa) --entre ellos el alcalde, Alfonso Candón (PP), y su antecesor Enrique Moresco (PP)-- por supuestas irregularidades en varios contratos, asegura que "no se ha recibido ninguna notificación al respecto, ni del juzgado ni de la Fiscalía".
En un comunicado, el Ayuntamiento argumenta que, por ello, "apenas puede hacer un pronunciamiento" sobre el asunto, puesto que "se desconocen los términos exactos del escrito" de la Fiscalía que interesa la imputación de un presunto delito de prevaricación de varios miembros del consejo de administración de Apemsa y del entonces gerente de la empresa municipal en relación a la prórroga de los contratos de mantenimiento del alcantarillado y de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) a la empresa Aqualia.
No obstante, aclara que la prórroga de los contratos de Aqualia a los que se hace referencia en la prensa, "contó en todo momento con el respaldo de los pertinentes informes técnicos, jurídicos y económicos".
Asimismo, tras incidir en que no conocen los términos exactos del escrito de la Fiscalía, subraya que "la prevaricación es un delito que consiste en que la autoridad, juez y otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha decisión es injusta", y que uno de sus principales requisitos es que "la persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario".
Por ello, el Ayuntamiento portuense entiende que "no sería aplicable a los miembros de un consejo de administración de una Sociedad Anónima".
Igualmente, considera "extraño" que se produzca una imputación por este concepto "a una parte de los miembros del consejo de administración --a los que votaron favorablemente-- y no a la totalidad, máxime cuando el resto de los consejeros se abstuvieron y no se opusieron a la decisión tomada".
Finalmente, anuncia que tanto el Ayuntamiento como la empresa municipal pondrán el asunto en manos de sus servicios jurídicos, al tiempo que hace un llamamiento para que "no se realice un juicio paralelo, pues una imputación no es una condena".
