Condenado a siete años y medio de inhabilitación el exalcalde de La Línea por el caso Roseworld

Actualizado 16/03/2011 16:04:40 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Algeciras (Cádiz) de la Audiencia Provincial ha condenado por el caso Roseworld, a siete años y medio de inhabilitación al exalcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Carlos Juárez (PP), y al exconcejal Carlos Ruiz Calama por sendos delitos de prevaricación. Asimismo, ha absuelto a tres concejales de la actual Corporación municipal: María de la Cruz Atienza, Juan Francisco Montero Carrión y Juan Francisco Múñiz.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha absuelto a Juárez del resto de los delitos de los que venía siendo acusado, mientras que ha condenado a Ruiz Calama a dos años de prisión y multas por importe de 683.650 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública.

El administrador de Roseworld, Anil Takhurdas, también ha sido condenado a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el tiempo de cuatro años, habiendo resultado absuelto del resto de los delitos de los que venía siendo acusado.

El juicio por el caso Roseworld comenzó el pasado 13 de enero como consecuencia de una denuncia motivada por la venta de parcelas municipales en el año 2005 de manera presuntamente ilegal.

La Audiencia Provincial afirma que los hechos probados, en el que la oferta de la empresa Roseworld era menor que la otra concurrente para adquirir las parcelas, además de que contaba con un saldo negativo mientras que la otra presentaba unas cuentas positivas y que su objeto social no era la compra de inmuebles sino de artículos de calzado, textiles y complementos, son constitutivos de un delito de prevaricación.

En cuanto al exalcalde Juan Carlos Juárez, la Audiencia lo considera autor por ejecución directa y comisión por omisión, al ser quien personalmente firma las escrituras públicas, pacta los plazos con Anil Takurdas y Carlos Calama, que esta presente además en la firma de las mismas, y no hizo efectiva la condición resolutoria.

Así, señala que se trata de una conducta irregular y un ejercicio de abuso de poder, arbitrario, con el resultado de una lesión al interés colectivo. Por su parte, a Carlos Ruiz Calama lo considera autor por cooperación necesaria y a Anil Takurdas, como autor de un delito de prevaricación.

Sobre el delito de cohecho, la Audiencia no considera acreditada la existencia del delito de cohecho del que acusaban tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares en ninguno de los acusados y en ninguna de sus modalidades, ya que no existe constancia, de que mediase precio o retribución para mover la voluntad de las personas encargadas de dictar las oportunas resoluciones.

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