Foto: EUROPA PRESS
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CÁDIZ, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Manuel Cárdenas, ha informado de que, tras la mediación de la Junta de Andalucía, una entidad financiera ha anunciado que pondrá a disposición 20 viviendas de su propiedad en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para que puedan ser ocupadas por familias en riesgo de exclusión social y emergencia habitacional a través de un alquiler social.
Así lo ha indicado Cárdenas en una rueda de prensa tras reunirse con el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora (PSOE), para abordar la situación de la vivienda en dicha localidad a raíz de la ocupación de viviendas vacías de entidades financieras, promotoras inmobiliarias y particulares por parte de cerca de 80 familias.
Explica el delegado territorial que la función de la Junta en este sentido es "apoyar y colaborar en una cuestión tan básica como es la intermediación con las entidades financieras" con el objetivo claro de que la vivienda "cumpla con su fin social".
Por el momento se ha llegado a un acuerdo con una entidad financiera, si bien avanza que en los próximos días tienen previsto reunirse con más entidades financieras y promotoras para intentar que, en el contexto del convenio de defensa de la vivienda firmado el año pasado entre la Junta y el Ayuntamiento sanluqueño, los propietarios de viviendas vacías faciliten un alquiler social.
"FLECOS POR CERRAR"
En cuanto a la operación con la citada entidad financiera, no han abundado en detalles porque quedan "flecos por cerrar". No obstante, "la noticia es firme, la decisión está tomada", asegura Cárdenas. Asimismo, detalla que esas 20 viviendas no tienen que ser necesariamente las que han sido ocupadas.
El delegado y el alcalde sanluqueño han destacado que se trata de una "noticia importante", debiendo establecerse ahora un protocolo de actuación. En este sentido, señalan como "fundamental" que los servicios sociales municipales determinen qué familias 'okupas' se encuentran en riesgo de exclusión social y emergencia habitacional. También conocer cuál es la situación física y administrativa de los inmuebles ocupados, ya que en algunos casos carecen de las instalaciones necesarias que permitan, por ejemplo, tener agua o luz.
Así las cosas, se debe analizar la situación de las familias, de los edificios ocupados y qué entidades están dispuestas a colaborar. Asimismo, destacan la necesidad de buscar también una salida, en función del marco legal, para facilitar los suministros básicos a estas personas.
A preguntas de los periodistas, Cárdenas ha señalado que, una vez las viviendas sean puestas a disposición por los propietarios para su alquiler social, el procedimiento lo tienen que establecer los servicios sociales municipales y el registro de demandantes de viviendas.
"SIN PARALELISMO" CON LA 'CORRALA UTOPÍA' DE SEVILLA
También ha aclarado que este asunto "no ha provocado ningún tipo de fricción en el Gobierno andaluz" y asegura que el caso de las ocupaciones de Sanlúcar "no tiene ningún paralelismo con el de la corrala La Utopía de Sevilla".
Por su parte, Víctor Mora ha agradecido a la Junta su labor de mediación, considerando que ha "imperado la lógica" y se está abordando el asunto de manera conjunta entre las dos administraciones para alcanzar una solución.
En cuanto a familias okupas, explica el alcalde que son algo menos de las 86 de las que se venía hablando, habiendo logrado los servicios sociales municipales localizar a 46 para analizar sus situación. Explica que muchas de ellas cumplen con todos los requisitos para un alquiler social, aunque "hay de todo".
Apunta que, según los datos facilitados por la Policía al Ayuntamiento, no se han producido nuevas ocupaciones. No obstante, recuerda que el Consistorio remitió un escrito al subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, solicitando más presencia policial en el municipio para evitar que se produjeran más.
Reprocha al subdelegado que dicho escrito no ha tenido contestación, dándose la circunstancias de que muchos vecinos de Sanlúcar están estableciendo vigilancias de sus edificios para evitar que los inmuebles vacíos puedan ser objeto de ocupación.
