Extécnico de Diputación: "La decisión final" sobre las ayudas "era política"

Actualizado 24/04/2014 16:02:52 CET

CÁDIZ, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El técnico de Diputación de Cádiz que formaba parte de la comisión de baremación de los proyectos del Bahía Competitiva Teodoro Clavijo ha defendido este jueves, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz que es el que instruye el 'caso Bahía Competitiva', que los técnicos realizaban "una labor técnica" y "que la decisión final de la concesión de las ayudas dependía era política".

   Fuentes del caso han detallado a Europa Press que la defensa del técnico de la Diputación que formaba parte de la comisión de baremación de los proyectos del Bahía Competitiva Teodoro Clavijo ha aportado correos electrónicos en los que supuestamente "se demuestra que existió contacto entre él y la exdelegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y actual directora de Economía Social, Angelines Ortiz", un extremo que Ortiz "había negado".

   Esa, según las citadas fuentes, ha sido la "principal novedad" en las declaraciones de tres técnicos de la Diputación que formaban parte de la comisión de baremación de los proyectos del Bahía Competitiva, concretamente Clavijo, Rosa Barreiro y Gema Herrera, y de Rosa Rodríguez Cano, asesora técnica de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) que también era representante en dicha comisión. Los cuatro están imputados.

   Barreiro, Herrera y Cano han reconocido la existencia de los correos aportados por la defensa de Clavijo. Clavijo ha defendido, como en su anterior declaración, "que recibió instrucciones para modificar los listados". En las declaraciones de los imputados se ha entrado "en detalles" de la existencia de distintas reuniones relacionadas con la concesión de ayudas del Bahía Competitiva.

   Cabe recordar que el caso 'Bahía Competitiva' investiga el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del plan que ha dado nombre al procedimiento y que un total de 31 personas han sido detenidas en distinta fases de la investigación.

   Se trata de una supuesta trama en la que, según resumía la Policía al darla por desarticulada, medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión, y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.

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