Fiscalía pide una condena "ejemplar" para Pilar Sánchez como "cabeza pensante" del 'caso PTA'

Publicado 28/01/2015 19:04:12CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha reclamado este miércoles una sentencia "condenatoria" y "ejemplar" para la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez, a la que considera "la cabeza pensante" del 'caso PTA', que juzga desde hace tres semanas la Audiencia Provincial de Cádiz por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de concesión de una subvención de 244.000 euros a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para instalarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) durante su mandato (2005-2011).

En la exposición de sus conclusiones finales, el fiscal --que mantiene todas las acusaciones y penas para los siete procesados y, por tanto, los siete años de prisión y 16 de inhabilitación para la exalcaldesa-- ha asegurado que el capataz agrícola y los exdelegados de Fomento y Medio Rural, Francisco Lebrero y Carmen Martínez, respectivamente, imputados en la causa fueron "los brazos ejecutores" de Pilar Sánchez.

En este sentido, el fiscal ha dicho que mientras que en "multitud de procedimientos" como el 'caso asesores II' o la instrucción de los Huertos de Ocio el Ministerio Público pidió el sobreseimiento de estas causas en lo que respecta Sánchez, en el 'caso PTA' considera que la exalcaldesa "es la principal responsable de todo lo que ha ocurrido".

TESTIGOS "CON MIEDO"

Así, el fiscal se ha remitido principalmente a las pruebas documentales practicadas durante la vista y a la fase de instrucción del caso, tras advertir que, "salvando algunas pruebas testificales", los testigos citados --mayoritariamente personal del Consistorio jerezano-- han realizado sus declaraciones "con temor y con miedo", llegando a "temblar algunos". En su opinión, esto pone de manifiesto las "presiones" sufridas durante el procedimiento.

Con respecto a la exregidora socialista, el fiscal ha reiterado que participó en todo el proceso "de forma activa", saltándose toda la normativa "a la torera" y "presionando" a técnicos municipales, lo cual ha calificado de "inconcebible".

El Ministerio Público considera también probado que fue la exalcaldesa la que pidió al director del Departamento de Medio Rural que "diese cariño a TISA" y le "dio instrucciones", tras lo que dicho trabajador reconsideró la solicitud de esta empresa pese a que en sus primeras valoraciones sostuvo que dicha sociedad "no encajaba en el PTA".

Fruto de la "injerencia" de la exalcaldesa, según mantiene el fiscal, fueron también "continuas" las "presiones" que recibió este técnico para elaborar un segundo informe justificando la máxima puntuación para TISA (14 puntos) para beneficiarse así de una minoración de un 40 por ciento en el precio final del suelo.

Según sostiene, esto provocó que este trabajador remitiera por correo electrónico un "borrador" al Gabinete de Presidencia de Alcaldía que nunca firmó y que luego "fue modificado" para "ser confeccionado de nuevo" en el despacho de Alcaldía por parte de Sánchez y Martínez de manera que se favoreciera a esta sociedad.

DELITOS Y PENAS

Por todo ello, mantiene que Sánchez es autora material de un delito de prevaricación por saltarse de manera "grotesca y grosera toda la normativa" y "con una arbitrariedad absoluta". Asimismo, considera que es autora "inmediata" de un delito de falsedad documental y de otro de malversación de caudales públicos "por conceder una subvención a la que la empresa no tenía derecho", con los consiguientes "perjuicios" a las arcas municipales de un Ayuntamiento "en la ruina".

El fiscal mantiene también los delitos de fraude en la administración pública contra Sánchez y el resto de procesados por "concertarse con los empresarios" para "bajarle el precio del suelo" en detrimento del resto de empresas interesadas en instalarse en el PTA y optar a una subvención municipal.

Respecto a Martínez, para la que pide cinco años y medio de prisión, la Fiscalía ha dicho en sus conclusiones finales que la exdelegada de Medio Rural --cuyo área se encargaba de emitir los informes de valoración para la instalación de las empresas en el PTA-- "no tiene escapatoria ninguna", ya que "aunque estaba cumpliendo órdenes" de Sánchez y Lebrero "sabía perfectamente" a quien tenía a su cargo cuando le pidió a un capataz agrícola --también procesado-- y "sin capacidad" que firmara el documento final que daba la máxima puntuación a TISA.

Igualmente, le atribuye la autoría "como cooperadora necesaria" de un delito de falsedad, "inmediata" o "inductora" y de prevaricación por confeccionar un nuevo documento más favorable a TISA a raíz del borrador del director de su departamento al que "presionaron" para que justificara la máxima valoración y elevara de nueve a 14 la puntuación final.

Por otra parte, el fiscal ha subrayado la "intervención" en el procedimiento de Lebrero, que también ostentaba el cargo de vicepresidente del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), máximo órgano encargado de gestionar las ayudas municipales a partir de un convenio con la Empresa Municipal del Suelo (Emusujesa) derivado de un protocolo con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Solicita para él una pena de cuatro años y medio de prisión.

Sobre el capataz agrícola que firmó el informe final de valoración de TISA --para el que pide dos años y tres meses de cárcel--, sostiene la Fiscalía que "estaba condenado antes de entrar" porque "sabía que no podía firmar un documento de concesión de subvención pública".

Por último, mantiene los cuatro años y medio de cárcel que solicitaba para los tres administradores de TISA, al considerar que "sabían que no tenían derecho a recibir subvenciones públicas" y actuaron de "cooperadores necesarios", siendo conscientes de "cómo se cocía el proceso".

En la sesión de este miércoles ha tomado la palabra el letrado de Sánchez, Juan Pedro Cosano, quien ha pedido la libre absolución de su patrocinada argumentando que su intervención en el proceso se limitó a la firma del expediente de concesión de la ayuda y que ha quedado demostrado que no hubo presiones por parte de la exalcaldesa. El juicio, que se viene desarrollando en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, quedará visto para sentencia este jueves.