CÁDIZ, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz ha acusado al Ayuntamiento de la capital gaditana, gobernado por el PP, de estar "utilizando" a colectivos sociales como SOS Bebés Robados para "arremeter contra la Junta de Andalucía".
Tras las críticas realizadas por el Consistorio gaditano indicando que ha reclamado a Junta en varias ocasiones una reunión para abordar la situación actual de la clausura del cementerio de San José y las exhumaciones requeridas por parte de SOS Bebés Robados, la Delegación aclara en un comunicado que está esperando "desde abril" a que el Ayuntamiento "comunique que se han resuelto los asuntos relacionados con la Asociación de Bebés Robados y Memoria Histórica para proceder a emitir la resolución de clausura definitiva del cementerio".
De hecho, apunta que desde la Delegación se solicitó también información sobre los procesos llevados a cabo por el Ayuntamiento para garantizar los derechos derivados de la Ley de Memoria Histórica y del convenio firmado con SOS Bebés Robados, ya que "precisamente se está en contacto con estos colectivos, atendiendo sus demandas e informándoles del proceso".
Resalta que para solventar estos asuntos, el Ayuntamiento "no necesita de la Delegación Territorial", pues "no estamos hablando de cuerpos, sino de restos cadavéricos de más de 20 años de antigüedad, sin peligro alguno para la salud pública y cuyo manejo es exclusivamente competencia municipal".
Apunta que, según el Decreto 95/2001 de 3 de abril sobre Policía Sanitaria Mortuoria, son restos cadavéricos "lo que queda del cuerpo humano una vez transcurridos los cinco años siguientes a la muerte real". Y en este caso han pasado más de 20 años.
Además, según el artículo 23 sobre autorización para la exhumación de cadáveres y restos cadavéricos, el órgano competente del cementerio podrá autorizar la exhumación y conducción de restos cadavéricos, de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y el Reglamento de Régimen Interior. "La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales no tiene competencia alguna al respecto", recalca.
CLAUSURA
En cuanto a la clausura, indica que el artículo 48 del citado reglamento de policía mortuoria establece en su punto uno el procedimiento, que pasa por la "suspensión definitiva de enterramiento previa resolución del delegado provincial de la Consejería de Salud, a petición del Ayuntamiento o del titular del cementerio", aspecto éste "ya realizado".
Asimismo, implica que "transcurridos diez años desde la última inhumación, el Ayuntamiento podrá iniciar el expediente de clausura definitiva, que conllevará la exhumación y posterior inhumación o cremación de los restos en otro cementerio".
El Ayuntamiento, o en su caso, el titular del cementerio, "estará obligado a informar sobre sus intenciones con una antelación mínima de tres meses, mediante su publicación en el Boletín oficial del Estado (BOE), el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y el periódico de mayor tirada de la provincia, a fin de que las familias de los inhumados puedan adoptar las medidas que su derecho les permita".
En el punto dos del artículo 48 se dice que "finalizados los trámites anteriores, el delegado provincial dictará resolución autorizando la clausura definitiva, pudiendo ser exhumados de oficio los restos cadavéricos existentes".
Aclara la Delegación Territorial que "en estos momentos no están finalizados los trámites anteriores", ya que las medidas que el derecho les permite a las familias --Asociación de Bebés Robados y Memoria Histórica-- "no han concluido". Por este motivo, "la Delegación Territorial está imposibilitada para dictar resolución de clausura definitiva".
Finalmente, resalta que las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, con demolición de cuarteladas completas, "no han precisado autorización sanitaria alguna". Al respecto, argumenta que el Consistorio no ha pedido autorización para ello porque "obviamente no la necesita", por lo que "llama la atención que esté utilizando a estos colectivos para arremeter contra la Junta de Andalucía", insiste.
