CÁDIZ, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El diputado autonómico del PP Rafael Ruiz Canto insiste en la "vinculación directa" de la exalcaldesa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y secretaria provincial del PSOE, Irene García, y el exconsejero socialista Ángel Ojeda respecto a los acuerdos firmados entre el Ayuntamiento sanluqueño y el "entramado" asociativo de Ojeda para cursos de formación.
En rueda de prensa, Ruiz Canto asegura, "tras las gestiones del PP de Sanlúcar y la documentación oficial que consta en el Ayuntamiento", que la exalcaldesa de Sanlúcar quitó las competencias a la gerente de Urbanismo "exclusivamente para la concesión del uso privativo de la Residencia Jesús Maestro a favor de Ojeda", por lo que ha reiterado su exigencia de que, con independencia a la vía judicial, "dé una respuesta política y asuma responsabilidades políticas ante una connivencia clara".
El diputado ha incidido en las "coincidencias" de fechas entre la firma de los acuerdos y la concesión de subvenciones. Al respecto, señala que "el 16 de diciembre de 2010 se registró una solicitud de Forpe pidiendo la concesión de uso privativo del bien inmueble de dominio público local ubicado en la parcela en la que se sitúa la Residencia Escolar Jesús Maestro", justamente "13 días antes de la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Sanlúcar y Forpe".
Asegura que dicho acuerdo, que se firmó el 29 de diciembre de 2010 entre García y Ojeda, recoge literalmente que "el Ayuntamiento de Sanlúcar, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha incoado el 27 de diciembre de 2010 el expediente administrativo relativo a la concesión del uso privativo" de dicho edificio.
A su juicio, resulta "llamativo que en sólo dos días fueron capaces de preparar, gestionar y prácticamente resolver todo un expediente administrativo de cesión de una parcela de más de 5.500 metros cuadrados de uso público para hacerlo privativo, por un plazo no menor a 50 años".
Se trata de una cesión cuya competencia correspondía a la gerente de Urbanismo, pero que "casi un año después le fueron quitadas por parte de la propia Irene García", explica Ruiz Canto, que plantea que "si esto no es complicidad que salga y dé la cara".
Además, el diputado autonómico recuerda el 29 de diciembre como una "fecha exitosa" para Ojeda, ya que ese día firmó el acuerdo con el Ayuntamiento sanluqueño y "se aprobó una resolución de la Delegación Provincial de Empleo de Cádiz por lo que el entramado asociativo de Ojeda percibió subvenciones millonarias para Formación".
A su juicio, el acuerdo con el Ayuntamiento de Sanlúcar "fue una herramienta necesaria para Ojeda para que la Junta de Andalucía le concediera las subvenciones en 2010 y 2011 que superan los 4,5 millones de euros"; "4,5 millones de euros por un papel firmado que, de no haber existido, ni siquiera tendría capacidad de gestionar para recibirlo el señor Ojeda", apostilla.
Por ello, sostiene que "ha habido complicidad en el fraude de Ojeda", existiendo, pese a que sus asociaciones no tenían ánimo de lucro, un "lucro permanente, abusivo y arbitrario permitido por el Gobierno socialista de la Junta y tapado por el PSOE de Cádiz que, a través de Irene García, ha sido parte necesaria y colaboradora de este expediente".
