PP-A llevará a los tribunales que EPSA adelante el dinero de los solares de la deuda histórica, que considera "ilegal"

Actualizado 04/12/2009 15:10:53 CET

CÁDIZ, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró hoy que su partido ve "ilegal a todas luces" que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) "pueda y deba" adelantar el dinero de los solares cedidos por el Estado a la Junta en concepto de deuda histórica, anunciando que incorporarán ese capítulo a los recursos que el partido plantea ante los tribunales.

En un acto por la dignidad de Andalucía celebrado en Cádiz con alcaldes y cargos públicos del PP, Sanz calificó "timo de la estampita" la referida "fórmula" anunciada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, porque supone que "los andaluces adelanten el dinero" de algo que, por una "norma básica" como es el Estatuto de Autonomía, "corresponde al Estado".

El dirigente popular consideró que esta posibilidad es "un sarcasmo" y "un nuevo insulto", añadiendo que Griñán "ya tendría que haber dimitido si tuviera dignidad política" porque "una mancha de traición tan grande a su pueblo le inhabilita para defender los intereses de Andalucía".

En este sentido, agregó que se nota "la ausencia de un presidente que sienta y defienda a Andalucía", porque "hemos pasado de la confrontación contra el Gobierno de la nación del señor Chaves a la rendición del señor Griñán".

"Esto ha sido una bofetada más de Zapatero a Griñán, pero en la cara de todos los andaluces" y enfatizó que el PP "prefiere que se devuelvan los suelos y se revoque el acuerdo" de pago de la deuda histórica, advirtiendo que el PP "no está dispuesto a cerrar la deuda histórica y no la daremos por liquidada" en las actuales condiciones.

Finalmente, Sanz significó que las inversiones con cargo a la deuda histórica previstas para 2010 en la comunidad autónoma en materia educativa, sanitaria, de infraestructuras, política social, de agua o vivienda "se van a caer" como consecuencia del "impago de la deuda", que supone "corromper el consenso que tanto costó para alcanzar el Estatuto y pisotear la dignidad de 30 años de un pueblo al que le ha costado mucho llegar a donde está".

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