CÁDIZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El diputado autonómico del PP de Cádiz Rafael Ruiz Canto ha preguntado "de qué información privilegiada" disponía el exconsejero socialista de Hacienda Ángel Ojeda para "recibir una subvención excepcional de 2,7 millones en sólo dos meses para la formación de extrabajadores de Delphi".
En rueda de prensa, el dirigente 'popular' ha incidido en la "casualidad" de que la empresa Natura, propiedad de Ojeda, "solicitara una subvención sólo seis días después de firmarse el undécimo protocolo para la recolocación de los extrabajadores de Delphi, una subvención de carácter excepcional y que el propio Ojeda vinculaba al desarrollo de dicho protocolo".
Ruiz Canto recuerda que "el 29 de julio de 2009 se firmó el undécimo protocolo de colaboración entre la Consejería de Empleo y los sindicatos de Delphi, por el que se acordaba la recolocación del total de extrabajadores".
"Para ello, se establecieron dos fórmulas alternativas: por un lado, las contrataciones en empresas como Alestis o Gadir Solar y, por otro, un Plan de Formación para el resto, enmarcado en Políticas Activas de Empleo que conllevaría su contratación y alta en la Seguridad Social", añade.
Al hilo, el diputado autonómico del PP explica que "casualmente, y sin concurrencia pública, el 4 de agosto de 2009 la empresa Natura presentó una solicitud a la Junta pidiendo una subvención excepcional de 2,9 millones para un proyecto que denominó Plan de Acción de Formación alternativo en el sector de energía renovable para trabajadores de la Bahía de Cádiz".
Agrega que la solicitud "pide el cien por cien, lo que no es habitual en la concepción de subvenciones", y detalla que "es para desarrollar el citado protocolo de Delphi".
Asimismo, destaca "la resolución del 10 de agosto, seis días después, firmada por el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, por la que está imputado en este caso entre otras cuestiones, a favor de Ojeda concediéndole una subvención de 2.725.080 euros para el desarrollo de dicho plan formativo".
De dicha resolución, Ruiz Canto ha citado textualmente el punto octavo, enunciando que "dado que actualmente no existen normas que regulen ayudas encaminadas a la realización de este tipo de actuaciones tan específicas, se justifica la finalidad pública e interés social de la subvención, así como su carácter excepcional". A su juicio, se trata de un texto "que coincide plenamente con la justificación de exoneraciones".
"VACÍA DE CONTENIDO"
"Lo grave es que en la propia resolución de adjudicación se utilice esa terminología, el mismo texto y, por tanto, la misma justificación vacía de contenido; el interés general no puede ser un cajón de sastre para una excepcionalidad; el interés general es lo que debe regir todos los actos de la administración pública", ha dicho, acusando a la Junta.
El diputado autonómico alerta además de "las prisas que se dio el Gobierno socialista para ratificar la subvención a Ojeda, siendo publicada la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 9 de octubre de 2009".
En esta línea, apunta que "fíjense con qué prisas y con qué rapidez concedió el Gobierno andaluz esa ayuda excepcional a Ojeda cuando hay empresas que están cerradas esperando que se les resuelva los pagos que tienen pendientes desde los años 2007 y 2009".
"Prácticamente en dos meses se le adjudica una subvención extraordinaria de un protocolo que se firmó de manera inmediata, que no tuvo más justificación que el interés general y que el propio Ojeda vincula al protocolo de trabajadores de Delphi, por lo que tenía que tener conocimiento de lo que se había firmado, y fuera de toda competitividad", sostiene.
Ruiz Canto incide además en que los más de 2,7 millones concedidos a Ojeda "fueron sacados de las partidas presupuestarias 32B y 32D del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", recordando que ambas partidas "sumaron 740 millones en el presupuesto de 2009" y que fueron "repartidas sin concurrencia competitiva y con mordidas millonarias autoadjudicadas a las entidades paralelas dirigidas por el propio Gobierno socialistas como Faffe o Faisem".
Estima que "los rojos decentes compañeros de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, siguen engrosando la lista de imputados por la justicia", en referencia tanto a Antonio Fernández como a Ángel Ojeda, imputados en el fraude de los cursos de formación.
EXPLICACIONES
El dirigente 'popular' espera Díaz, "tras declararse roja y decente", dé explicaciones sobre estos asuntos, "así como la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, al tratarse de dos dirigentes socialistas gaditanos".
"Espero que García también se considere roja y decente y diga lo que sabe de este tema", apostilla, al tiempo que señala que "los verdaderos perjudicados de este protocolo son los trabajadores" y asegura que "a quien el PP le pide las responsabilidades es al Gobierno andaluz, no a los trabajadores, que bastante tienen con estar padeciendo las consecuencias de todo esto".
Afirma que "los extrabajadores de Delphi son los primeros y los mayores interesados en que se aclare todo este asunto, porque son los que están pagando los platos rotos de la incompetencia y las mentiras del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía".
El diputado autonómico expone que "los incumplimientos del protocolo los ha hecho el Gobierno andaluz", y califica el protocolo de "pantomima y engaño", recalcando que "sólo sirvió para darle dinero a las empresas de Ojeda, con prisas, corriendo y sin que nadie los viera para después incluirla en el listado de exoneraciones".
Por último, resalta que "no era una exoneración, sino una tapadera de injustificaciones masivas donde existían empresas muy dignas que sí justificaban las subvenciones y que han querido meter en el mismo saco que a las empresas de Ojeda".
