PSOE pide garantizar la correcta implantación y eficacia de la segunda instancia penal

 
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PSOE pide garantizar la correcta implantación y eficacia de la segunda instancia penal

Publicado 23/10/2016 10:25:34CET

CÁDIZ, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista, a través del diputado por Cádiz y portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, ha presentado una proposición no de Ley (PNL) sobre el refuerzo de personal, dotación de infraestructuras y medios materiales necesarios para "garantizar la correcta implantación, operatividad y eficacia de la segunda instancia penal".

Con la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press y que será debatida en la Comisión de Justicia, se busca instar al Gobierno a promover "de manera urgente" el aumento de planta en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, con el fin de garantizar la correcta implantación y operatividad de la segunda instancia penal, "singularmente en los territorios con extensa jurisdicción y número de órganos judiciales colegiados del ámbito penal".

Asimismo, reclama al Ejecutivo aumentar y/o reforzar, en el ámbito de sus competencias, la dotación de personal, infraestructuras y medios materiales necesarios en estos órganos jurisdiccionales.

En la exposición de motivos, la proposición recoge que la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales ha tenido "consecuencias muy diversas", pero "prácticamente todas han incidido en la merma de los derechos para los ciudadanos".

En este sentido, ha aludido a la limitación de los plazos de instrucción que "ha permitido que diversas causas queden impunes por la imposibilidad de llevar a cabo la instrucción en los plazos marcados".

Así, hay causas por delitos "graves" que "no podrán ser esclarecidos en los plazos legales", ya que, por ejemplo, "sólo en los laboratorios de la Guardia Civil hay más de 20.000 pruebas de ADN sin identificar de diferentes hechos criminales, y en los laboratorios de la Policía Nacional los plazos de realización de pruebas están por encima de los dos años".

Y ello, según apunta, "por no hablar de la remisión de los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado que ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción, sino que simplemente pasan a un limbo donde carecen de control".

DESCENSO DE LOS ASUNTOS INGRESADOS EN LOS JUZGADOS

Consecuencia de todo ello, y según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial sobre la situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2016, el número de asuntos ingresados en ese trimestre en los órganos judiciales españoles fue de 1.589.291, lo que supone una disminución del 29,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Según apunta, el descenso más acusado se dio en la jurisdicción penal, con un 41,7 por ciento menos de nuevos asuntos que en 2015, y ello "como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción".

Asimismo, significa que la reforma legal también tiene reflejo en el número de asuntos resueltos por los tribunales entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados, que asciende a 1.712.658. Esto supone un 26,4 por ciento menos que en el mismo periodo que en el mismo trimestre de 2015, cuando la ley aún no había sido modificada.

Por otra parte, argumenta que la reforma legal también contempla algún elemento que atendía al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España, el contenido en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en referencia a la generalización de la segunda instancia penal.

Sin embargo, señala que, pese al tiempo transcurrido, la planta actual de las Salas Civil y Penal "no permite, con carácter general, la debida implantación de la reforma operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, que garantiza el ejercicio del derecho a la doble instancia reconocido a toda persona declarada culpable en un proceso penal".

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