SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
PriceWaterhouseCooper (PwC) ha asegurado que "no existe ninguna incompatibilidad en el nombramiento del administrador concursal" como ha denunciado el empresario José Antonio López Estera, propietario de Grupo Jale, ante la Fiscalía Anticorrupción especializada en perseguir delitos económicos contra directivos de la auditora y Banco Popular por presuntos delitos de apropiación indebida y de administración desleal y fraudulenta imputable al administrador concursal, además de supuesta estafa y estafa continuada, y un supuesto delito societario.
Fuentes de PriceWaterhouseCooper ha señalado a Europa Press que "no existe ninguna incompatibilidad en el nombramiento del administrador concursal, como confirma el archivo sistemático de las otras denuncias por el mismo tema presentadas por López Esteras en juzgados de Madrid, Cádiz y su provincia".
De esta manera responde la auditora a la denuncia de López Estera, en la que el empresario señala que "desde finales de 2006 la entidad financiera ha estado utilizando a empresas de Grupo Jale, mediante la constitución de Jale Promobys SL, con Inmobiliaria Amuerga y Promobys SL, donde las inversiones realizadas por Jale Promobys superaron los 400 millones de euros, de los cuales el 90 por ciento fueron créditos hipotecarios concedidos por Banco Popular, y aun a pesar de que Grupo Jale sólo era propietario del 50 por ciento de la mercantil, obligaron a ésta última a avalar el cien por cien de préstamos".
En la denuncia, el dueño de Jale indica que "PriceWaterhouseCooper era la auditora de Banco Andalucía y Banco Popular y sin embargo ocultó al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz esta circunstancia al objeto de poder ser designada administradora concursal de cinco de las empresas de Grupo Jale, pues ser auditora de un acreedor es incompatible con el desempeño del cargo de administrado concursal, ya que según los textos definitivos, los créditos del Grupo Popular superaban por varias veces el diez por ciento que la Ley Concursal pone de límite para administrar una empresa".
La denuncia contra directivos del Popular y de PwC se presenta por López Esteras, que les acusa de presuntos delitos de apropiación indebida, de administración desleal o fraudulenta imputable al administrador concursal que disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad, siempre que cause perjuicio económico o realice conductas lesivas a la masa, delito de estafa y estafa continuada, y un supuesto delito societario, cometido por los denunciados, "perjudicando a López Esteras como accionista de Inverluna, matriz del Grupo Jale".
