Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 05/07/2010 06:10
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) iniciará este lunes una marcha en la provincia de Cádiz que se sumará a las protestas que ha venido protagonizando en los últimos meses y que tendrá su comienzo en Benaocaz para después de cinco días culminar en Arcos de la Frontera, marcha que tendrá por objetivo reclamar "más empleo".
Uno de los miembros de la Permanente Nacional del SAT, Manuel Rodríguez, informó ayer a Europa Press de que en esta ocasión esta medida de protesta se dará en la provincia gaditana, puesto que "algunos pueblos de la Sierra de Cádiz llegan al 40 por ciento de paro", algo que consideró "inadmisible".
Asimismo, señaló que la marcha partirá hoy desde Benaocaz a las 17,00 horas para llegar el próximo sábado día 10 por la tarde a Arcos de la Frontera, donde concluirá.
De esta forma, Rodríguez indicó que el sindicato pide "trabajo para todos los parados" y un Plan de Empleo Rural (PER) "especial también para todos los desempleados de Andalucía". Además, reclaman "préstamos para las pymes y para agricultores para que puedan llevar a cabo cultivos sociales que proporcionen mano de obra".
Por otro lado, hizo hincapié en la importancia de que los ayuntamientos reciban "una mayor financiación para ayudar a sus vecinos", como es el caso de los 'pueblos blancos' de la provincia gaditana.
Por último, el sindicalista del SAT criticó que a algunos de sus compañeros se les haya interpuesto una denuncia por, según atestiguó, "cumplir con su trabajo de defender a los trabajadores" haciendo referencia a la pena de dos años y un día solicitada por la Fiscalía de Sevilla para el responsable del SAT en Jaén, Andrés Bódalo, por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad en los altercados ocurridos supuestamente durante una protesta organizada por el sindicato ante la sede de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía para exigir la cesión de las tierras Marqués de Medinilla, en Jódar (Jaén).
Además, la Fiscalía solicitó el pago de una multa de 780 euros --13 euros durante 60 días-- para otros tres sindicalistas, Luis Ocaña, José Cañamero y Manuel Zafra, imputados por una falta de desobediencia durante la mencionada protesta.