CÁDIZ, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha anunciado que ya se cuenta con un proyecto de adaptación del almacén de sustancias estupefacientes del inmueble, proyecto por importe superior a los 100.000 euros, habiéndose iniciado los trámites para la licitación de las obras, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Contratación del Sector Público.
Según ha informado la Subdelegación en una nota, mientras que se produce dicha licitación, y en contacto directo y permanente con las autoridades judiciales, se trabaja para la agilización de la destrucción de las sustancias depositadas y se lleva a cabo un nuevo procedimiento para el muestreo y pesaje de las mismas.
En relación a los problemas de salud denunciados en la plantilla de empleados públicos del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz a consecuencia de la situación de dicho depósito, se ha manifestado que el contacto con los representantes de los trabajadores públicos ha sido y es permanente.
Asimismo, el pasado día 3 de octubre, el presidente del comité de seguridad y salud informó a la secretaria general de las quejas presentadas en dicho órgano por problemas que causan a los empleados públicos las sustancias depositadas en la Subdelegación. Desde la secretaría general se convocó para el pasado martes, día 10, al presidente del comité de seguridad y salud, al presidente de la junta de personal y al presidente del comité de personal laboral para abordar la situación y presentarles el proyecto de obra aprobado.
Pero, en cambio, por cuestiones de agenda los representantes de los trabajadores pidieron posponer esta reunión, que se mantendrá la próxima semana.
Desde febrero de 2016 se han llevado a cabo diversas actuaciones de sellado de los conductos de ventilación en la planta sótano del inmueble de la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, se han puesto en marcha otras medidas correctoras y se continúa trabajando en las mismas.
En marzo del presente año, la secretaria general de la Subdelegación informó a un miembro de la junta de personal del sindicato y a un delegado sindical del personal, ambos de Acaip-USO, de las actuaciones que se habían realizado y las previstas. A estos representantes sindicales se les indicó entonces que la comunicación debía ser a través de los órganos de representación de los trabajadores y en la persona de sus presidentes, como cauces ordinarios de transmisión recíproca de información.
Ese mismo mes se reunió el comité de seguridad y salud de la administración general del Estado en la provincia. Y en abril se les remitió oficialmente información de gestiones realizadas y de las planificadas.
La implicación de la Subdelegación del Gobierno en la seguridad y salud de sus trabajadores "es absoluta", cumpliendo con sus obligaciones básicas establecidas en la ley. Hay actuaciones pendientes de realizar y las mismas se encuentran en trámite y requieren permisos y autorizaciones con plazos que cumplir, en casos concretos, hay actuaciones que requieren un procedimiento específico.
Hasta la fecha no se ha trasladado a la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno casos de sangrado por la nariz ni desvanecimientos. Igualmente, no se ha producido ninguna baja laboral motivada por olores.
Del mismo modo, han destacado que en ningún momento han existido represalias hacia los trabajadores que han mostrado malestar por los olores denunciados. Siempre se ha atendido cuando se han expuesto las molestias aludidas. También se ha informado de que está pendiente la realización de obras, pero que éstas requieren tiempo, ya que las actuaciones parciales o improvisadas no eran la solución, y cuando esté finalizada la tramitación, se informará por los órganos internos adecuados.
Desde la Subdelegación del Gobierno se ha informado que todo trabajador público del centro que se ha dirigido a la Secretaría General ha sido convenientemente atendido, ya en reunión individual o durante la jornada laboral en sus puestos de trabajo. Asimismo, indicar que no existe ninguna orden ni expresa ni tácita de que aquel trabajador que se encuentre con dolor de cabeza, picor de ojos o irritación nasal pueda marcharse y abandonar su puesto de trabajo.
Aquellos trabajadores que han indicado que se encontraban mal y deseaban acudir al médico han acudido con la autorización de la Secretaría General. A día de hoy hay constancia oficial de que un trabajador ha acudido a la mutua y que otra trabajadora ha asistido en dos ocasiones al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
