Diputación acoge un debate sobre los avances y retos de la Ley de Memoria Histórica

 

Diputación acoge un debate sobre los avances y retos de la Ley de Memoria Histórica

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Debate sobre la ley de memoria histórica en Diputación
EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN
Actualizado 07/06/2017 17:46:03 CET

CÁDIZ, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz ha acogido un debate sobre los avances y retos de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en el que han participado los parlamentarios andaluces María Márquez (PSOE), Inmaculada Nieto (IU) y Jesús Alberto de Manuel Jerez (Podemos).

El director del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación, Carlos Perales, ha sido el encargado de contextualizar la celebración de esta acción que se lleva a cabo después de que el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobase la ley el día 15 de marzo y la misma entrara en vigor el pasado 2 de abril, según ha informado la Institución Provincial en una nota.

La Diputación ha aclarado que se invitó a esta mesa redonda a los ponentes de los cinco partidos con representación en la cámara andaluza, pero tanto PP como Ciudadanos rehusaron participar en la misma.

La parlamentaria socialista María Márquez ha sido la primera en exponer algunos de los "entresijos" que han rodeado el proceso previo a la presentación de la ley. Coincidiendo con sus compañeros en la necesidad de dar una respuesta "lo más ágil posible" a todas las personas que siguen esperando encontrar y dar un entierro digno a sus familiares, entre 50.000 y 58.000 represaliados que aún se encuentran en fosas o cunetas repartidas por toda Andalucía, Márquez ha destacado algunos de los que su juicio son aspectos fundamentales del texto.

Asimismo, Márquez ha expuesto el "especial hincapié" que se hizo para introducir en esta ley la perspectiva de género. El objetivo ha sido "reconocer el papel de tantas mujeres que tuvieron que tirar del carro de sus familias al verse solas en momentos muy complicados".

Por otro lado, Diputación ha destacado que la socialista ha mostrado igualmente su orgullo porque la ley contempla el estudio de la propia norma y los hechos a los que se refiere en los centros educativos. "La memoria debe estudiarse en las aulas para que los niños conozcan nuestra historia para que no vuelve a repetirse", ha comentado.

La parlamentaria socialista también se ha referido de forma especial al apartado específico que se dedica a los afectados por los casos de bebés robados y a la ampliación del concepto de víctimas, que "no serán sólo los fusilados, sino también sus familiares, así como quienes padecieron los campos de exterminio nazi y colectivos que sufrieron una especial persecución, como los homosexuales".

Por su parte, la parlamentaria de IU, Inmaculada Nieto, se ha referido en primer lugar a la amplia participación en la redacción de esta ley, con "gran implicación del movimiento memorialista". Partiendo de la base de que se trata de "una ley profundamente ideológica", Nieto ha expuesto los tres "escollos" fundamentales que impidieron el consenso total en la aprobación de la ley (PP y Ciudadanos se abstuvieron en su votación en el Pleno).

El primer "escollo" es referente al ámbito temporal. Nieto ha explicado que "era imprescindible que en el texto se recogiera el marco en que Andalucía se movilizó para tener una autonomía plena". Por otro lado, "la incorporación en el sistema educativo de los contenidos referidos a la historia de la dictadura, el golpe de Estado y la represión". Y por último, "el órgano de participación".

La Diputación ha indicado que, por su parte, Jesús Alberto de Manuel, ponente de Podemos, ha dicho que se trata de una ley "con mucho potencial de futuro y que tiene que ser conocida por la sociedad".

El parlamentario de Podemos ha destacado que se trata de una norma que "remite al derecho internacional, que indica que estamos ante crímenes de lesa humanidad y que no prescriben", siendo "uno de los principales avances con respecto a la ley estatal de 2007".

Otro gran avance es que "la administración andaluza se compromete a correr con los gastos de las exhumaciones". Según ha explicado Jesús Alberto de Manuel, "con un presupuesto anual de ocho millones de euros en diez años se podría garantizar la exhumación e identificación de los restos que aún quedan enterrados. Este es uno de los grandes retos que tiene esta ley".

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