CÁDIZ, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García (PSOE), ha presentado la 'Guía para la incorporación de cláusulas sociales en los contratos públicos de la Diputación Provincial de Cádiz', para lo cual, según ha indicado, se han implicado todas las áreas de la Institución Provincial, contando con la coordinación de los diputados Jesús Solís e Isabel Armario, responsables de las áreas de Servicios Económicos e Igualdad y Bienestar Social, respectivamente.
En una nota, García ha explicado que el objetivo fundamental es la incorporación de criterios sociales en las distintas fases de los procedimientos de contratación de la propia Diputación Provincial, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, promoviendo y facilitando así una contratación pública socialmente responsable.
Asimismo, ha hecho hincapié en que "la actual legislación de contratos no obliga a la inclusión de estos criterios, pero sí lo permite, siendo su incorporación en los pliegos facultativa, una mera cuestión de voluntad política".
La presidenta de la Diputación ha recordado que desde el principio de la actual legislatura, concretamente desde noviembre de 2015, cuando se aprobó una moción plenaria relativa a este asunto, hay una "voluntad manifiesta" por parte del Gobierno provincial por que los criterios sociales sean valorados en la adjudicación de los contratos públicos.
En este sentido, ha añadido que esa "voluntad" de la Diputación de Cádiz es "conseguir una mayor responsabilidad ética, social y medioambiental en nuestras contrataciones, garantizando un gasto público más eficaz a la vez que se fomenta el compromiso social de las empresas, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la integración de las personas con algún tipo de discapacidad, la conservación del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa laboral y social".
La guía presentada no es un "catálogo" de cláusulas sociales, sino "una recopilación de ejemplos prácticos" que pueden ser usados por las administraciones públicas y que se adaptan a la realidad de los diferentes pliegos de contratación, ha apuntado García, que ha insistido en que, aun no siendo obligatoria la inclusión de este tipo de cláusulas en los contratos públicos, una vez que la Administración decide introducirlas, la normativa autoriza a que aquellas empresas que las incumplan puedan ser objeto de importantes sanciones, pudiendo incluso ser excluidas de futuras contrataciones públicas.
