Sindicatos y grandes municipios, a favor de reinvertir el remanente de 23 millones

 

Sindicatos y grandes municipios, a favor de reinvertir el remanente de 23 millones

La presidenta de Diputación de Cádiz con alcaldes de la provincia
EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN
Actualizado 16/05/2017 15:42:04 CET

CÁDIZ, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes de los municipios con más de 20.000 habitantes se han adherido a la reivindicación dirigida al Gobierno estatal por parte de la Diputación de Cádiz para reinvertir en la provincia el remanente positivo de tesorería, cifrado en 23,2 millones de euros. La adhesión se ha producido en un encuentro convocado por la presidenta de Diputación, Irene García, a la que con anterioridad ya expresaron su respaldo a esta iniciativa los secretarios provinciales de UGT y CCOO, Lola Rodríguez y Francisco Andreu.

En una nota, la Diputación ha señalado que tras el Consejo de Alcaldías, celebrado el lunes, se puede confirmar que "todos los municipios gaditanos y entidades locales autónomas" convergen en que los 23,2 millones de euros de remanente positivo, procedentes del superávit presupuestario del año 2016, "deben financiar inversiones productivas en la provincia de Cádiz".

En este sentido, ha señalado que la cuantía casi triplica la dotación del reciente 'Plan Invierte', que dispuso de una cobertura de ocho millones de euros y que "ha permitido mantener y crear empleo en empresas locales, así como renovar infraestructuras y servicios públicos en todo el territorio provincial".

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Irene García, ha aclarado que, "si hay voluntad política", la viabilidad de este fondo, que legalmente debe autorizar el Gobierno de España, no tiene por qué ligarse a los Presupuestos Generales del Estado.

"Si hay voluntad mañana mismo podría regularlo a través de un decreto, donde determinase su destino y plazo de ejecución", ha manifestado García, que ha añadido que "tanto Diputación como ayuntamientos reclaman que se flexibilicen las condiciones de inversión, es decir, que no se limiten a las denominadas obras financieramente sostenibles y que se establezca un periodo de ejecución razonable, como puede ser lo que quede de 2017 y todo el año 2018.

"Queremos que nos dejen invertir ese dinero en función de las necesidades de los municipios", ha manifestado la presidenta de Diputación, que ha reiterado que el elemento determinante para priorizar las inversiones es "el nivel de desempleo de cada localidad".

Finalmente, García ha recordado que "esta reclamación persigue trasladar a la sociedad los beneficios de una eficaz gestión económica, que ha permitido obtener un superávit consolidado de 64,7 millones de euros, alcanzar unos grados de ejecución presupuestaria muy por encima de los promedios de las diputaciones españolas, situar el nivel de endeudamiento en un 71 por ciento de los recursos corrientes y reducir sensiblemente el periodo medio de pago a proveedores, cifrado en 16 días el pasado marzo".

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