SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha impuesto una sanción de 95.000 euros a la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, por considerar que en aquellas ferias que gestiona la entidad, se aplican criterios de adjudicación de parcelas y autorización de cambios de negocio que restringen la competencia entre empresarios feriantes, lo que repercute además sobre el consumidor tanto en la oferta de atracciones como en los precios de las mismas.
El expediente se incoa a raíz de una denuncia presentada por varios miembros de esta entidad contra la misma y contra los ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda y San Fernando (Cádiz) y de Carmona (Sevilla), al habérseles denegado su petición de cambio de negocio para las ferias del año 2012 a las que decidieron asistir, según una nota del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía .
La resolución emitida por el Consejo considera responsable a la Asociación de Feriantes de Andalucía de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, mientras que se ha acordado archivar las actuaciones contra los ayuntamientos. A juicio del Consejo, han quedado acreditados los hechos denunciados, que se han venido produciendo desde, al menos, el año 1994 hasta la fecha de la resolución, dado que no se tiene constancia de que la entidad haya cesado en las conductas anticompetitivas, que afectan principalmente a los municipios de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva cuyas ferias gestiona esta entidad.
Las normas impuestas por la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía tienen efectos, no solo sobre los denunciantes sino, en general, sobre cualquier operador que, aun no perteneciendo a la entidad, quisiera entrar a competir con los ya establecidos o cambiar de atracción.
En cuanto al impacto sobre los consumidores y usuarios, estos pueden haber visto restringida la variedad e innovación de las atracciones y, habiendo ocurrido esta limitación durante un periodo tan prolongado de tiempo, puede haber influido además en los precios soportados por los consumidores y usuarios, que podrían haber sido superiores a los precios competitivos. En este sentido, se considera que la falta de competencia en un periodo tan extenso de tiempo en el sector, por tanto, desincentiva gravemente la innovación y la aplicación de precios menores.
Desde el Consejo de Defensa de la Competencia se ha pedido asimismo a la entidad sancionada que modifique toda aquella normativa interna que pueda ser contraria a las normas de competencia y, en el futuro, se abstenga de realizar conductas semejantes.
