SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha denunciado la falta de inversiones del Gobierno central en materia de infraestructuras científicas en Andalucía pese a la calidad de la investigación que se desarrolla en la comunidad autónoma y ha reivindicado que "esto tiene que cambiar".
Ramírez de Arellano, en interpelación parlamentaria en la Cámara andaluza, ha esgrimido un mapa con el reflejo de la inversión de 188 millones de euros en sellos de excelencia Severo Ochoa y unidades de excelencia María de Maeztu desde 2011 a 2016 concedidos por el Ejecutivo central, de los cuales el 80 por ciento se reparten entre Madrid y Barcelona. Una situación "preocupante" que rechazó que se perpetúe, por lo que exigió al Ejecutivo central que revise "por qué no consideran a Andalucía" a la hora de realizar inversiones en ciencia.
El titular andaluz de Economía y Conocimiento ha subrayado que los andaluces "queremos jugar la liga de la ciencia de forma diferente a la del fútbol, donde los títulos se los disputan Madrid y Barcelona y el Bilbao nunca baja a Segunda".
En este sentido, ha recordado que centros andaluces de investigación como el Instituto de Astrofísica de Andalucía cuentan con numerosos reconocimientos internacionales mientras en España se les ha negado reiteradamente el sello de excelencia que les permitiría gozar de una financiación adicional e impulsar aún más su actividad científica. Además, el único ente que contaba en la comunidad autónoma con un Severo Ochoa, la Estación Biológica de Doñana --organismo perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas-- la ha perdido este año 2017, pendiente de la resolución definitiva, lo que supondrá contar con cuatro millones de euros menos de financiación.
ESTABILIDAD EN LA CARRERA CIENTÍFICA
En cuanto a la actuación de la Junta de Andalucía, el consejero ha señalado que la apuesta de la comunidad autónoma es la de fortalecer el Sistema Andaluz del Conocimiento y establecer vínculos entre los centros de investigación y el tejido productivo para lograr la transferencia de conocimiento. "Tomamos como referente para nuestra estrategia de conocimiento a los sectores tractores de la economía, que nos ayudan a definir cómo conectar la investigación básica y la aplicada al sector productivo" para impulsar la economía y competitividad de la comunidad autónoma.
Uno de los elementos clave, ha asegurado, son las universidades andaluzas, donde se ha cuidado especialmente el concepto de carrera, tanto a los investigadores como al personal de administración y servicios. Se parte, explica, del convencimiento de que la "estabilidad y certidumbre son factores fundamentales para la generación de conocimiento científico".
Así, se ha reforzado la financiación básica operativa, de inversiones y de investigación, entre otras medidas se han transformado 10 millones de euros de fondos que antes se otorgaban en régimen de subvenciones competitivas para la I+D en transferencias directas a grupos de investigación y planes de investigación de las universidades (cuya distribución se acordó en la Comisión de Programación del Consejo Andaluz de Universidades), se ha activado el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) 2020 y se ha trabajado con las universidades, que han aprobado sus planes de excelencia incidiendo en cuestiones como el impulso a las TIC, el apoyo a la transferencia de conocimiento o el respaldo a los campus de excelencia internacional.
Por lo que respecta al personal de las universidades andaluzas, Ramírez de Arellano ha responsabilizado de los actuales problemas de provisionalidad de muchos profesionales docentes a los recortes impuestos por el Gobierno central desde 2012 y que la Junta y las universidades andaluzas tuvieron que aplicar. Una situación ante la que se están haciendo "importantes esfuerzos" para revertirla.
El consejero ha señalado que "cuando la interinidad se prolonga --como ha ocurrido-- se dan situaciones con un colectivo importante con el que hay que sentarse a hablar, porque hay que recuperar la normalidad". Ha señalado que la Junta de Andalucía no tiene competencia directa sobre este asunto, dado que se enmarca dentro de la negociación colectiva, añadiendo que el Gobierno andaluz "nunca será un obstáculo para cualquier acuerdo que se adopte" en este ámbito y donde el convenio colectivo sea la "ruta" para solventar esta situación.
Se trata de personas que son profesionales reconocidos y acreditados, con más de 40 años en situaciones de incertidumbre "dolorosas" por lo que hay que buscar una solución, siempre respetando los principios legales de libre concurrencia, mérito y capacidad. A su juicio, no es un problema económico sino "de hacer las cosas bien y una consecuencia más de las medidas que tomó el Gobierno central" en su día y que la Junta defiende que "se eliminen esas medidas y que se vuelva a la normalidad de una manera razonable y ordenada".
Frente a estas situaciones, Ramírez de Arellano ha señalado que el Gobierno andaluz se ha distinguido por apostar por la estabilidad y el empleo de calidad en la carrera académica impulsando la figura de ayudante doctor, que ofrece contratos de hasta cinco años con continuidad a través de lo previsto en el convenio colectivo. De este modo, en los últimos cuatro años se han convocado casi mil plazas de ayudante doctor.
En el curso 2016-17 la Junta de Andalucía ha autorizado un total de 716 plazas para garantizar la labor investigadora y docente con personal de apoyo en universidades andaluzas, de los cuales más de la mitad (388) son de ayudante doctor, y el resto corresponden a otras figuras de contratación.
Por otra parte, con el nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) se ha puesto en marcha un programa de capacitación profesional para jóvenes de forma que puedan comenzar así su carrera investigadora. Está dotado con 61 millones de euros con financiación del Fondo Social Europeo y en su primera fase ha permitido la contratación en abril por parte de las universidades de 1.287 técnicos de apoyo a la I+D, con una inversión de 36,9 millones de euros. La segunda fase, que se ejecutará previsiblemente en otoño de 2017, se centrará en contratar personal investigador y personal investigador doctor, según las necesidades demandadas por las universidades.
