Junta destaca su compromiso en la regulación económica y la reducción de trabas

 

Junta destaca su compromiso en la regulación económica y la reducción de trabas

Actualizado 22/02/2017 18:45:36 CET

El consejero de Economía y Conocimiento ha asistido en Madrid al Pleno del Consejo para la Unidad de Mercado

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de la regulación económica, la simplificación administrativa y la reducción de trabas burocráticas, asuntos que ha calificado "como el motor de la nueva administración del siglo XXI".

El titular de Economía de la Junta de Andalucía, que ha participado esta tarde en Madrid en el Pleno del Consejo para la Unidad de Mercado, ha subrayado que "para nosotros este tema es una prioridad, y, por ello, trabajamos intensamente para facilitar la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales, la creación de empleo, y la conversión de Andalucía en una tierra dinámica, emprendedora y con una legislación promotora de actividad económica".

En este sentido, Ramírez de Arellano ha recordado que en el año 2014 se aprobó por unanimidad del Parlamento la Ley 3/2014, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, con la que Andalucía fue "pionera" en los procesos de mejora de la regulación, simplificación administrativa y disminución de trabas a los operadores económicos. Esta norma ha permitido simplificar en Andalucía 64 trámites que afectan a la actividad económica, facilitando la constitución de empresas de forma rápida y gratuita.

Para el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, la ley andaluza difiere de forma sustantiva de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, aunque tengan objetivos similares. "Nosotros no creemos en que la mejor regulación es la que no existe, ni que estas materias tengan que estar politizadas, ni tampoco en que haya que provocar conflictos entre administraciones o agentes económicos", ha manifestado Arellano respecto a la norma estatal, la cual Andalucía tiene recurrida en el Tribunal Constitucional.

Así, Arellano ha destacado los dos principios rectores de nuestro modelo, como es la independencia del organismo competente --la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía--, y el permanente diálogo y consenso que se mantiene con los agentes económicos y sociales, así como con las asociaciones representativas de los consumidores y usuarios.

El consejero ha planteado la necesidad de crear un organismo independiente para la Mejora de la Regulación Económica en España que, en colaboración con organismos de la misma naturaleza de las diferentes comunidades autónomas, emita informes sobre las normas de todo el Estado y su incidencia en la economía y el empleo; y arbitre sobre las trabas o barreras en el inicio o ejercicio de las actividades económicas.

Otra de las demandas expuestas por el consejero andaluz ha sido la necesidad de financiación para la aplicación de la Ley estatal de Unidad de Mercado por parte de las administraciones autonómicas y locales.

"Para poder seguir avanzando en este ambicioso proyecto que supone transformar la forma de regular e intervenir de las administraciones públicas, --con la puesta en marcha de herramientas como el 'Sistema de Cooperación Interadministrativa' o de labores de integración de la información existente en los registros sectoriales--, se precisa financiación adicional para estas complejas tareas", ha recalcado Ramírez de Arellano.

La segunda sesión plenaria del Consejo para la Unidad de Mercado ha sido convocado por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y en él participan los máximos responsables de las Consejerías competentes en Economía de las comunidades autónomas y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

En este contexto, el consejero ha valorado la participación de la Junta en este Consejo como una muestra de lealtad institucional y del compromiso del Gobierno andaluz de impulsar las herramientas que permitan mejorar las relaciones de los operadores económicos con las administraciones públicas.

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