Multa de 2.000 euros a Educación por impedir la acción sindical de una asociación de profesores

Actualizado 04/03/2011 17:57:15 CET

APIA anuncia que pedirá la "restitución del daño" y la dimisión del viceconsejero de Educación por ser el "muñidor" de este "atropello"

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la Consejería de Educación a pagar las costas de un juicio "hasta el límite de 2.000 euros" por impedir el ejercicio de la acción sindical de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) al no reconocer los créditos horarios que legalmente le correspondían a sus representantes electos.

Según la sentencia del Supremo, a la que tuvo acceso Europa Press, no cabe admitir el recurso de casación que interpuso la Administración educativa contra el fallo inicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) --que dictó que Educación había vulnerado el derecho de la libertad sindical del recurrente-- porque ésta no ha demostrado fehacientemente que ofreciera a APIA "la posibilidad de llegar a un acuerdo que, al igual que había ocurrido con otras organizaciones sindicales de mayor y menor representación, introdujese mejorar en las condiciones legales en orden al cálculo de los mencionados créditos horarios".

En ese sentido, el TS recuerda que el Tribunal Constitucional ha manifestado que el derecho a la libertad sindical garantizado por el artículo 28.1 de la Constitución Española veda cualquier diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad y "también prohíbe diferencias de trato entre afiliados y representantes sindicales por razón del Sindicato en el que se integren o representen" así como la posibilidad de utilizar decisiones empresariales para introducir discriminaciones antisindicales.

Por ello, y pese a admitir como probado que la Consejería de Educación no actuó con propósito atentatorio de un derecho fundamental, el Supremo entiende que no ofreció la firma del citado pacto sindical sobre los créditos horarios a APIA y que fuera ésta quien se negara a firmarlo, ni tampoco que la denegación de este derecho se debiera a que APIA no tuviera la condición reconocida de sindicato o asociación sindical. De ahí la desestimación del recurso de casación y la imposición del pago de las costas que, como máximo, serán de 2.000 euros.

APIA, por su parte, ha manifestado en un comunicado que "ha quedado demostrado que la Administración demandada y hoy condenada en firme denegó a esta asociación, a pesar de los requerimientos cursados, la misma fórmula para la liberación sindical parcial --la elegida por la actora-- que la utilizada para la liberación sindical total, aplicada mediante acuerdo-pacto al resto de sindicatos, lo que ha supuesto desde entonces, de forma continuada, una clara y grave discriminación, prohibida taxativamente por nuestro ordenamiento jurídico".

También ha anunciado que pedirá "inmediatamente" la ejecución de la sentencia y que estudiará "la fórmula más adecuada para la restitución del grave perjuicio ocasionado por la actuación temeraria e ilegal de la Consejería y exigirá la destitución fulminante" del viceconsejero de Educación, Sebastián Cano Fernández, por ser, a su juicio, el "verdadero muñidor de este atropello legal que pone de manifiesto el escaso respeto que a la Consejería de Educación le merece nuestro Estado de Derecho".