HUELVA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha emitido una resolución, tras la apertura de una queja de oficio por el caso de un menor abandonado por su madre el pasado mes marzo de 2016 en la casa donde vivía en Almonte (Huelva). En la misma pide la elaboración de un programa especial de intervención con familias emigrantes o temporeras con hijos.
Según reza en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida al Ayuntamiento de Almonte, solicita concretamente que se elabore un programa especial de intervención con familias emigrantes o temporeras con hijos a su cargo, residentes en ese municipio, con la finalidad de que estas personas dispongan de medios con los que conciliar su vida laboral y familiar, y que, en todo caso, quede garantizado que los menores se encuentran correctamente atendidos, con la cobertura de sus necesidades básicas.
Estos hechos tuvieron lugar el pasado mes de marzo cuando la Policía Local del municipio detuvo a una vecina, de nacionalidad marroquí, por supuestamente abandonar a su hijo, de siete años, en pésimas condiciones en su vivienda en la que vivía con otra familia rumana, concretamente en una habitación que estaba cerrada con cadenas y candados, mientras ella trabajaba en el campo.
Por ello, desde la Oficina del Defensor se le solicitó al Ayuntamiento almonteño la emisión de un informe al respecto, que especificaba que la madre residía junto su hijo en la localidad desde 2013 y que había sido usuaria de los servicios sociales municipales de forma esporádica; en un caso, para que le auxiliaran en el proceso de renovación de la tarjeta de residencia y, en otra ocasión, en relación con problemas de convivencia con las personas con las que compartía el alquiler del piso que habitaba.
No obstante, en el informe se señala que no se pudo detectar "la situación de riesgo" en la que se encontraba el menor ya que se desconocía que la madre tuviera dificultades para que su hijo se quedara al cuidado de personas de su confianza mientras ella trabajaba. El niño estaba escolarizado desde 2013 y en ninguna ocasión la madre planteó a los servicios sociales dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.
En cuanto a la atención al colectivo de personas inmigrantes, se indica en el informe que Almonte cuenta para el abordaje de estas situaciones con la Oficina de Atención al Temporero, dotada de una trabajadora social, una asesora jurídica y una mediadora intercultural, y la unidad Prommesa, que es programa de mujer y menor en servicio de apoyo social, de la Policía Local, más cuatro unidades de trabajo social dotadas cada una de ellas de trabajadores sociales, psicólogos y educadores.
"PRECARIA SITUACIÓN"
Al respecto, el Defensor del Menor destaca en la resolución que el Ayuntamiento "tenía conocimiento de la precaria situación de la familia desde años atrás, en concreto desde 2013", así como que "queda acreditada la precaria situación de madre e hijo cuando en octubre de 2015 es requerida la intervención de los servicios sociales al ser expulsados de la vivienda por los compañeros de piso".
Por todo ello considera que la situación de los hijos de emigrantes trabajadores agrícolas temporeros "los haría merecedores de una especial atención para evitar la situación de riesgo que sufrirían al no disponer sus progenitores de redes familiares y sociales de apoyo que les auxiliaran en el cuidado de sus hijos", situación que es especialmente "delicada" en los casos en que los hijos no estuvieran en edad de escolarización obligatoria y también en los periodos fuera del horario lectivo o en vacaciones.
Por ello, no cree que en estos casos "baste con actuar a demanda y de forma limitada, lo cual implicaría asumir como inevitables hechos como los ocurridos en esta queja", así como que las especiales circunstancias que concurren en estos casos hace "indispensable una actitud proactiva, con destacado empeño en una labor preventiva de situaciones de riesgo que consideramos previsibles y evitables".
