HUELVA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha realizado una actuación de oficio para obtener información sobre las medidas de protección destinadas a la integridad de derechos de las temporeras agrícolas en Huelva tras las denuncias interpuestas por supuestos abusos sexuales y laborales hace unos meses.
La queja del defensor, según reza en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido propuesta por propia iniciativa, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante el Foro Provincial para la Inmigración de Huelva, coordinado por la Delegación de la Junta en Huelva con la Dirección General de Coordinación de Política Migratoria y la Fiscalía Provincial a fin de clarificar la situación descrita y dimensionar su efectiva entidad solicitando las colaboraciones necesarias.
Igualmente, se dirige a la Subdelegación de Gobierno en Huelva a fin de recabar su colaboración en relación con los trabajos de elaboración de los programas que regulen la próxima campaña relacionada con la fresa y productos análogos.
El Defensor ha elaborado esta queja tras observar varias reseñas en medios de comunicación en las que se relataban casos de supuesto maltrato físico o abusos contra trabajadoras agrícolas producidos en los escenarios de trabajo en las fincas, en las zonas de acceso o en las instalaciones de alojamiento que ocupan estas mujeres durante sus contratos. En estos contenidos se aludía a una variedad de casos y a las supuestas dificultades para garantizar la presentación de las denuncias y para impulsar las actuaciones judiciales correspondientes.
Precisamente, en este particular aspecto, desde la oficina del Defensor pretenden conocer, con el imprescindible rigor, el tratamiento que se viene siguiendo ante estas publicitadas denuncias y la tutela judicial efectiva que hubieran merecido, gracias a la colaboración que habitualmente presta la Fiscalía provincial de Huelva a esta institución.
A la vez, y más allá de estas circunstancias de ámbito judicial, desde la oficina se sitúan en un escenario más amplio que afecta a las condiciones de trabajo de este colectivo de empleo, fuertemente feminizado y con importante presencia de mujeres extranjeras.
A pesar de toda la experiencia avanzada en la provincia, y de la aplicación de sistemas regulatorios de estas campañas, considera en su escrito que las condiciones de trabajo son "difíciles y exigentes, donde sus trabajadoras pueden convertirse en objetivo de situaciones de presión o de amenazas en muy diversos aspectos". "Una posición de inferioridad que merece, sin duda, nuestra atención como Defensor del Pueblo Andaluz", ha remarcado.
En suma, desde la institución del Defensor del Pueblo no han relegado su "honda preocupación" por las acciones concretas y específicas que exige esta situación dirigida, ante todo, a "una imprescindible clarificación de las intervenciones judiciales que estuvieran, en su caso, siendo tramitadas", y, a su vez, "analizar los objetivos de mejora en la capacidad de acogida, integración y atención social de estos colectivos presentes en la actividad productiva del sector agrario en Huelva".
