Entidades sociales piden una "implicación real" de las administraciones para acabar con los asentamientos en Huelva

Un asentamiento en Moguer (Huelva)
ARCHIVO/AYUNTAMIENTOMOGUER
Publicado 13/02/2018 14:56:26CET

HUELVA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa por la Integración ha presentado este martes el informe 'Análisis de la realidad de asentamientos en la provincia de Huelva' y ha solicitado "una implicación real" de todas las administraciones para acabar con los asentamientos y "dignificar" la vida de las más de 2.500 personas que viven en ellos en época álgida de la campaña agrícola.

Durante la presentación de este informe elaborado por esta mesa, de la que forman parte las entidades sociales Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asnuci, Cáritas Diocesana de Huelva, Codenaf, Fecons, Huelva Acoge, Federación Andalucía Acoge, Mujeres en zona de conflicto, el técnico en Inmigración de Cáritas, Juan Manuel Breva, ha precisado que durante todo el año se ha detectado una serie de asentamientos crónicos, en los que conviven unas 700, que "están pasando de ser inmigrantes a vivir en exclusión social".

Reunidas en el salón de actos de la Biblioteca Provincial de Huelva, las entidades han destacado que los países que se encuentran más representados en los asentamientos de la provincia son Ghana, Malí, Marruecos, Rumania y Senegal.

La edad mayoritaria de las personas asentadas está entre los 18 y los 45 años, salvo el caso de algunos menores acompañados de sus familias, destacando un número importante de familias rumanas temporeras que, desde hace aproximadamente unos tres años, llegan puntuales a la campaña agrícola en el municipio de Lucena del Puerto, llegando a contabilizarse hasta 360 personas en el año 2017, 60 de ellos menores.

La mayoría de las personas que residen en los asentamientos son hombres, pero al mismo tiempo que estos se han ido cronificando, ha comenzado a darse la presencia de la mujer, bien sea acompañadas por sus parejas, por sus familias o solas.

Entre las causas que motivan las migraciones de los migrantes que residen en los asentamientos de la provincia onubense, destacan razones económicas, pero también razones sociopolíticas como la huida de conflictos bélicos y religiosos o ser refugiados políticos.

La mitad de los habitantes de los asentamientos irregulares tienen un nivel educativo bajo, la otra mitad de los sí han conseguido finalizar los estudios primarios, y la presencia de personas con un nivel educativo superior es mínimo, destacan en su informe estas entidades.

A su vez, se estima que el 70 por ciento de los residentes tienen su situación administrativa regularizada en España, mientras que el 30 por ciento se encuentra en una situación administrativa irregular, aunque mucho de ellos cumplen todos los requisitos, excepto el contrato de un año, para acceder a la autorización de residencia.

NUEVAS VARIABLES COMO LA PROSTITUCIÓN

Desde estas entidades, consideran que "cada vez se alargan más las campañas agrícolas y estos inmigrantes viven más tiempo en la provincia". En este punto, ha añadido el técnico de Cáritas que se están encontrando con nuevas variables como la prostitución, la dependencia, el alcoholismo o los problemas de salud mental.

De igual manera, estas entidades no entienden que "ahora vengan 17.000 personas contratadas en origen y no se haya hecho esfuerzos para contratar a estas personas que viven ya en la provincia en estos asentamientos y darle unas condiciones dignas". "No parece lógico que traigan a gente de otros lugares y no se regularice a los que ya están aquí".

Por ello, piden a los órganos competentes en esta materia que se establezcan medidas con "carácter de urgencia para facilitar el acceso al
empleo de las personas extranjeras que ya se encuentran en España" y consideran "ilógico que se cause perjuicio, en primer lugar, a los
extranjeros que no pueden trabajar y, en segundo lugar, al empresariado que se ve obligado a asumir pérdidas por no poder cubrir los empleos ofertados por unas razones exclusivamente burocráticas y administrativas".

IMPLICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

Para ello, desde la Mesa de la Integración solicitan "una implicación real" de las administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales en la búsqueda de soluciones "efectivas, duraderas e integrales, calendarizadas y dotadas de presupuesto", unas administracions que "no han cumplido nada de lo que venimos exigiendo durante todos estos años".

Por ello, han expuesto una serie de peticiones, entre las que destaca la creación tanto de una mesa intersectorial en el que participen todos los agentes implicados, así como de un plan holístico que haga frente a las dificultades de las personas que se encuentran en los asentamientos, y que esté calendarizado a corto y medio plazo y dotado de presupuesto para poder ser llevado a cabo.

Reforzar y establecer cauces para garantizar que se cumplan los derechos de acceso a la atención sanitaria, a la inserción laboral, a un alojamiento digno y derecho de disfrutar de un servicio de orientación jurídica, así como, garantizar el empadronamiento de todas las personas en el sitio donde residen, una petición que realizan a los ayuntamientos, son otras de las peticiones.

De igual manera, solicitan cesar los desalojos, dando alternativas como la creación de albergues o de módulos prefabricados, que faciliten el alojamiento de los temporeros; crear oficinas de mediación para el alquiler con el fin de facilitar viviendas a los mismos, y crear para los menores un programa específico que aborde de manera integral la problemática que presentan estos perfiles que son más vulnerables. También solicitan dotar a la Oficina de Extranjería de Huelva de los medios necesarios para que puedan los profesionales mejorar su labor sobre todo en momentos álgidos de campaña.

Por otro lado, piden a las administraciones que lleven a cabo la limpieza de las zonas en las que se encuentran los asentamientos; la instalación de contenedores o cubas; el acceso al agua corriente; la instalación de aseos-baños en los campos de trabajo; la creación de módulos de vivienda dignos cerca de los pueblos; líneas de transporte entre los campos y los municipios; la creación de comedores en las empresas grandes y la elaboración de protocolos de emergencia contra incendios.

Por último, la portavoz de Asnuci, Ana Mateos, ha precisado que "todas estas personas viene porque hay trabajo, y lo que no se puede consentir es que se les ofrezca trabajo sin ofrecer recursos para su dignidad", a lo que ha añadido que es "una vergüenza ofrecer esta imagen de una vida tan indigna".

Uno de los habitantes en uno de estos asentamientos ha lamentado que "no nos contratan porque no tenemos papeles, pero sí trabajamos en el campo más horas que los demás. Se aprovechan de nosotros porque no tenemos fuerza y necesitamos trabajar".