HUELVA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) - No lo hará porque no ve que Planas "haya colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento", según han informado a Europa Pres fuentes de la Fiscalía. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de La Palma del Condado dictó el pasado verano el auto de procedimiento abreviado contra Planas por supuestamente consentir desde esas fechas el uso de agua de las parcelas del citado paraje, de la que es titular dicha consejería con "conocimiento de la falta de autorización de los pozos y de la falta de autorización tanto del Ayuntamiento como de los agricultores como cesionarios para utilizar agua de los pozos construidos". También en este mismo auto fueron procesados los dos exalcaldes de Almonte, el socialista Francisco Bella y el popular José Antonio Domínguez Iglesias, a los que atribuye ser partícipes en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y una quincena de agricultores. Sin embargo, durante la instrucción y en al menos dos autos, fechados en julio de 2016 y en diciembre de 2017, la Fiscalía cree que el examen de las disposiciones estudiadas daba un panorama que "impide determinar que los investigados en el marco de dicha administración --refiriéndose a la Junta-- hayan colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento". Por tanto, el Ministerio Fiscal, que ya prepara su escrito de acusación, no acusará a Planas y la causa en su contra se archivará, así como contra dos secretarias generales técnicas de la administración, María Isabel Salinas García, exsecretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Judit Anda Ugarte, exdirectora general de la Producción Agraria, que también fueron procesadas. Cabe recordar también que Planas pidió el sobreseimiento antes del auto de procesamiento y la juez se lo denegó al considerar que "no era el momento procesal adecuado", cuestión en la que coincide la Fiscalía pero dejando claro que "no ven indicios de delito". En el caso de los empresarios agrícolas el auto señalaba que se infieren indicios de que han venido llevando a cabo labores de cultivo de frutos rojos en las tierras correspondientes al paraje conocido como Matalagrana, desde mediados de los años 90, y en lo que afecta a la causa desde 2009 a 2012, haciendo "un uso indebido de los recursos hídricos disponibles en la zona". En concreto, indica que se firmaron varios convenios con el Ayuntamiento de Almonte, tras acuerdos con el ya extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) propietario de los terrenos, para la realización de experiencias de introducción de cultivos de fresas compatibles con el medio ambiente. De este modo, como explicó en el citado auto, se les cedían los terrenos a cambio de un canon, "sin hacer mención al uso del agua al que pudieran tener derecho tales parcelas". En definitiva, según remarcó la juez, "se ha venido provocando un perjuicio irreparable al medio ambiente de una zona especialmente protegida al provocar la reducción de cantidad de agua disponible para la supervivencia de animales y flora natural del espacio protegido". Por su parte, Luis Planas ha asegurado este jueves, en declaraciones a los periodistas, que no conoció ni tuvo "implicación" en este caso. "Ya di mi versión, y ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna ni tenía conocimiento", ha dicho, al tiempo ha afirmado que confía "plenamente" en que el proceso judicial termine con su desimputación, indicando además que él "no estaba en la Consejería". A su vez, Planas ha insistido en que no hay "absolutamente ningún problema" con el tema, puesto que la Fiscalía "ha dicho por escrito" que él no conocía los hechos ni tuvo intervención alguna. Así las cosas, confía "plenamente" en que el proceso judicial se resuelva y el Ministerio Fiscal emita el escrito en el que se procede a su desimputación en el caso.
