HUELVA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha pedido 21 meses de prisión y el pago de 216.000 euros a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en concepto de indemnización por daños, para ocho acusados de cometer un delito de daños contra el patrimonio histórico tras el expolio que sufrió el pasado mes de abril la zona del sector B3 Santa Marta-La Orden, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en la Zona Arqueológica de Huelva.
Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, uno de los acusados, en nombre de otros cinco, todos ellos concesionarios municipales de puestos-parcelas para la venta ambulante en el mercadillo de la capital, sito en la zona conocida como Santa Marta- El Seminario, encargó a otro de los acusados, como representante y administrador de una empresa, la realización de trabajos de movimiento de tierras en cada una de las citadas parcelas con el fin de ampliar la superficie de las mismas y sobre todo poder aparcar sus vehículos en la misma parcela y no en los aparcamientos habilitados para ello.
Según remarca el fiscal Alfredo Flores en el escrito, las obras, para las que este último acusado no solicitó los permisos ni licencias preceptivas, fueron materialmente ejecutadas entre los días 7 y 14 de abril por otro de los acusados que, como empleado de la empresa y utilizando maquinaria pesada, afectó a dos parcelas, una titularidad municipal y otra de la Junta de Andalucía, "sabiendo que no estaban autorizadas las obras y afectando en la primera a unos 43 metros cuadrados con un rebaje medio del terreno de dos metros y en la otra unos 306 metros cuadrados con un rebaje de 1,5".
Las parcelas afectadas, situadas en el Plan Parcial número ocho del PGOU de Huelva, están inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz e incluidas en el Sector B-3 Santa Marta-La Orden, Zona Arqueológica de Huelva declarada BIC por Orden del 29 de marzo de 2007.
Desde 1970 se realizan excavaciones en la zona y han aparecido dos necrópolis y un poblado tardorromano y en 1998 se realizó intervención arqueológica de urgencia apareciendo una estructura adscribible a época islámica en concreto a una alquería de las que rodearían la medina de Huelva, señala el fiscal.
A su vez, ha asegurado que en 2005 y dentro de las obras de urbanización del sector ocho del Plan Parcial del Seminario, se inició una intervención preventiva que dio como resultado la existencia de una realidad más compleja como la existencia en el lugar de varias necrópolis neolítica, calcolítica, de la Edad del Bronce, tardorromana y medieval islámica con un poblamiento continuado desde al menos 5.000 años, y la necesidad de aumentar la zona protegida a todo el Plan Parcial.
En total, los daños causados al patrimonio histórico onubense ascienden a 216.040 euros, desglosados en 21.700 euros de gastos de actividad arqueológica; 190.000 euros de pérdida de materialidad y 4.340 euros por gastos de conservación.
Además, los acusados eran conocedores de la protección de la zona, no sólo porque desde hacia tiempo el Ayuntamiento negociaba con ellos su traslado sino porque en enero de 2016 se había producido otro expolio en una zona cercana cuya repercusión pública y mediática fue notoria.
