La Junta acuerda con Tierra Nueva la puesta en marcha de un piso de protección para menores tutelados

Actualizado 27/01/2006 15:59:14 CET

HUELVA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Huelva, José Martín, firmó hoy un convenio de colaboración con la asociación Tierra Nueva para la puesta en marcha de un piso de protección de menores tutelados por la Junta de Andalucía.

Este nuevo recurso específico para menores declarados en desamparo se une a los 19 pisos y casas que existen en toda la provincia para atender de forma especializada a menores de entre 10 y 15 años y da cobertura social a niños que pueden presentar problemas de comportamiento, como consecuencia de las circunstancias que los acompañaron antes de declararse en desamparo y del periodo de pre o adolescencia, según informó la Delegación en un comunicado remitido a Europa Press.

De acuerdo con el modelo familiar que establece la normativa, el piso albergará a ocho menores que estarán asistidos las 24 horas del día por un equipo formado por tres educadoras, una psicóloga, una trabajadora social y una gobernanta.

El delegado para la Igualdad señaló que estos dispositivos de protección se dirigen a "contribuir al desarrollo integral de los menores, garantizándoles una adecuada satisfacción de sus intereses personales, sociales y afectivos en un ambiente de seguridad y lo más parecido al familiar". En este sentido, aclaró que "difieren de los centros de reforma juvenil por cuanto éstos acogen a menores infractores y no a aquellos que precisan de la protección de la Administración autonómica".

Martín matizó que, pese a la especialización y la profesionalidad de la atención a los residentes tutelados, el objetivo de la Junta es, principalmente, el acogimiento del menor por parte de 'familias extensas', es decir, que tienen algún vínculo afectivo y de consanguinidad con el mismo, o familias acogedoras ajenas.

La Delegación para la Igualdad y Bienestar Social cuenta con 221 plazas en toda la provincia para acoger a menores en desamparo, además de programas de mayoría de edad, emancipación y acogimientos remunerados, recursos y programas. Todos estos instrumentos han supuesto una inversión en 2005 para la Administración autonómica que ronda los 5,5 millones de euros.

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