Profesionales del sistema jurídico conocerán mañana los programas y recursos del Servicio de Drogodependencias

Actualizado 11/05/2006 18:31:02 CET

HUELVA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Fiscales, jueces, técnicos forenses y personal del servicio de atención a menores, entre otros profesionales del sistema judicial, participarán mañana en la jornada que sobre adiciones ha organizado el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación de Huelva.

La jornada, que fue presentada hoy en rueda de prensa por la diputada del área de Igualdad, María José Cortil, pretende dar a conocer entre los representantes del poder judicial los programas y recursos que tiene en marcha el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones (SPDA).

Según los datos manejados por el SPDA, en la mayoría de los centros comarcales, salvo en el equipo de apoyo a Instituciones Penitenciarias, de los pacientes que inician o reinician tratamiento sólo el 44,77 por ciento no presentan ninguna incidencia legal posterior al consumo.

Entre otras cuestiones, la jornada servirá para profundizar y conocer las áreas que desde el SPDA se llevan a cabo como el área de Asistencia, el de Incorporación Social, el área de Información, Evaluación y Calidad y el Área de Formación e Investigación. Al mismo tiempo, programas como el Indicador de mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, el programa de apoyo a Instituciones Penitenciarias y el Programa de Asesoramiento Jurídico.

La diputada del área de Igualdad, María José Cortil, señaló que, con la celebración de esta jornada, "pretendemos acercar el SPDA al sistema del poder judicial, que nos conozcan y que sepan lo que hacemos. En estos casos es muy importante el intercambio de experiencias y opiniones".

Cortil también facilitó diversos datos sobre el Centro Comarcal de Adicciones de la Costa Oeste, donde sólo el 26,32 por ciento de los pacientes no presentan ninguna incidencia legal posterior al consumo; un 28,95 por ciento, mantiene procesos realizados o pendientes; un 23 por ciento ha sido condenado; un 7,89 por ciento realiza actividades delictivas no penalizadas; y un 6,58 por ciento ha sido sancionado administrativamente.

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