La Audiencia ratifica la absolución para el rumano acusado de tráfico ilegal de mano de obra

 

La Audiencia ratifica la absolución para el rumano acusado de tráfico ilegal de mano de obra

Actualizado 22/05/2007 15:14:18 CET

HUELVA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva contra el ciudadano rumano I.I., para el que la Fiscalía pedía tres años y seis meses de prisión por un presunto delito de tráfico ilegal de mano de obra y un año y nueve meses por presunta falsedad en documento oficial.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal al compartir "plenamente" los razonamientos y argumentaciones expuestas por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva, que emitió su resolución el pasado 30 de diciembre de 2006.

Fuentes de la Fiscalía informaron a Europa Press de que el recurso interpuesto por el fiscal se debía a que éste "no está de acuerdo con la calificación jurídica de los hechos realizada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva, al entender que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de tráfico ilegal de mano de obra y no de un delito de extorsión ni de coacciones".

La sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva consideró probado que I.I., entre principios o mediados de febrero de 2003 y mediados de marzo del mismo año, se encargaba de vigilar, custodiar y transportar a trabajadores rumanos a los que, en concierto con otros individuos, había logrado que fueran contratados como jornaleros agrícolas por J.A.M., representante de la empresa Agromartín, propietaria de la finca Vasco Gil de Lepe.

Según esta sentencia, y para que fueran contratados estos ciudadanos rumanos, el acusado "u otro individuo" entregaron al empresario fotocopias compulsadas de permisos de residencia y trabajo expedidos a nombre de ciudadanos rumanos, "a fin de otorgar a las referidas personas contratadas como jornaleras la identidad de las personas en cuyo favor la autoridad administrativa española otorgó el permiso de residencia y trabajo".

30 TRABAJADORES RUMANOS EN UN PISO

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva consideró probado que, una vez que el acusado y resto de individuos con los que se concertó, lograron que la empresa Agromartín contratara como jornaleros a, al menos, 49 ciudadanos rumanos, dicha empresa cedió al acusado el uso gratuito de un piso en Lepe a fin de que pudieran alojarse estos trabajadores.

En este piso, según la sentencia, el acusado y otro individuo con él concertado alojaron a 30 trabajadores rumanos a los que detraían del salario abonado diez euros diarios más 20 euros semanales en cobro por haberles conseguido trabajo y alojamiento, no permitiéndoles que saliesen de la vivienda a su libre voluntad, salvo a una tienda distante a no más de 100 metros y por el tiempo estrictamente necesario para hacer unas compras.

También consideró probado que el acusado era el encargado de, diariamente, transportar a los trabajadores rumanos desde esta vivienda hasta el centro de trabajo en una furgoneta "donde viajaban en condiciones incómodas, apiñados y sin las debidas medidas de seguridad".

El salario abonado por el empresario a cada trabajador ascendía a 29,3 euros diarios, cantidad que entregaba al individuo concertado con el acusado, y de la que estos dos últimos extraían las cantidades diarias y semanales anteriormente referidas, entregando el sobrante a cada trabajador.

La sentencia concluyó que "la falta de probanza de que los trabajadores rumanos residiesen ilegalmente en España y de que las copias compulsadas de permisos de residencia y trabajo lo sean de documentos previamente alterados en la fotografía y/o huella dactilar que figuran en los documentos originales, conduce a tener que absolver al acusado I.I. de los dos únicos delitos por los que ha sido procesado".

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