Fiscalía recurrirá la sentencia que absuelve al presidente de Huelva Solidaria de estafa

Actualizado 05/07/2007 16:57:51 CET

HUELVA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Huelva recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva que absuelve al presidente de Huelva Solidaria, Manuel Rodríguez, de un delito de estafa a nueve inmigrantes, al entender que, "aunque la entidad no tiene ánimo de lucro, tiene fijada y aprobada una tarifa por cuotas de afiliación".

No obstante, fuentes de la Fiscalía indicaron a Europa Press su desacuerdo con la sentencia, ya que el Ministerio Fiscal pedía para el acusado tres años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio y desempeño de cualquier cargo en asociaciones directa o indirectamente relacionadas con la asistencia, asesoramiento, tramitación, intermediación, formación y representación de ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio nacional o que pretendan acceder al mismo durante el tiempo de la condena.

En la sentencia que absuelve a Manuel Rodríguez, el Juzgado emplaza a los denunciantes a seguir la vía civil para "ejercitar las acciones y derechos que estimen oportunos", al tiempo que remite al Ministerio del Interior y a la Junta la sentencia por "si la conducta enjuiciada pudiera ser constitutiva de ilícito administrativo".

No obstante, esto se hará cuando la sentencia sea firme, pero a la misma cabe la presentación de recurso, como hará la Fiscalía, según anunciaron hoy los diarios 'Huelva Información' y 'Odiel Información'.

Durante el juicio, celebrado el pasado 14 de junio, el presidente de Huelva Solidaria aseguró que "en ningún momento" se lucró con el dinero cobrado a los inmigrantes y que éste iba dirigido "únicamente" a contribuir al mantenimiento de los gastos de la asociación.

Manuel Rodríguez indicó que en la ONG Huelva Solidaria "se ha atendido a miles de inmigrantes y sólo se ha cobrado dinero al cinco por ciento, mientras que el resto ha obtenido nuestros servicios de manera gratuita".

En este sentido, negó que cobrara al ciudadano rumano P.L. la cantidad de 45 euros por la presentación de una solicitud de permiso de residencia y trabajo, así como que recibiera de la compañera sentimental de éste, O.H.C., un total de 35 euros para hacer los mismos trámites.

Igualmente, se refirió al caso de las ciudadanas rumanas M.I. y M.A., a las que negó que les pidiera 90 euros por tramitarles la prórroga de visados, afirmando que "únicamente" abonaron 30 euros cada una para ser socias de la ONG. "Cobramos dinero pero a cambio de unos servicios y unas prestaciones", apostilló.

Asimismo, señaló que el matrimonio rumano compuesto por T.E. e I.T. "pagó solamente diez euros como cuota para ser socios" y explicó que desde la ONG "le gestionamos la tramitación del permiso de residencia".

1.500 EUROS "A FONDO PERDIDO"

Por otro lado, se refirió al caso del matrimonio colombiano formado por E.D.R. y H.J.D., el cual, según el fiscal, fue convencidos para que solicitaran de la ONG Huelva Solidaria poder participar en el programa denominado 'Semana Santa y Fiestas Rocieras', que tenía por objeto obtener la estancia en España con visado turista de un grupo de ciudadanos colombianos a fin de que por dicha ONG se realizaran los trámites necesarios para traer a España a la hija, yerno y nieta de E.D..

Según el Ministerio Público, los perjudicados ingresaron en un banco las cantidades de 1.500 euros, el 7 de abril de 2003, y de 600 euros el 29 de abril de 2003, al tiempo que aseguró que el único titular de la cuenta bancaria no es la ONG, sino el acusado, a quien los perjudicados reclamaron reiteradamente la devolución del dinero o el cumplimento de las gestiones, todo ello sin ningún éxito y sin que por parte del acusado, que se apoderó de dichas cantidades con ánimo de lucro ilícito y en su aprovechamiento exclusivamente personal, se practicara gestión alguna.

El acusado defendió que estos 1.500 euros "se ingresaron a fondo perdido, y eso es algo que ellos sabían", mientras que el resto, alrededor de 600 euros, "se solicitaron en concepto de seguro de viaje". En este punto, aseguró que el programa tuvo un coste de entre 20 y 24.000 euros para la ONG.

Tras la declaración del acusado, prestó declaración la ciudadana de Colombia M.D.C., quien también participó en este programa ingresando, según el fiscal, en una cuenta de un banco cuyo único titular es el acusado las cantidades de 200 euros el día 25 de abril de 2003 y de 900 euros el día 18 de febrero de 2003, apoderándose el acusado de dichas cantidades así como de dos pagos en metálico, uno de 40 euros y otro de 100 euros.

En este sentido, informó de que pagó a la ONG un total de 1.240 euros y defendió que la asociación "jamás me dijo que esta cantidad fuera a fondo perdido", y aseveró que "tras pedirle que me devolviera el dinero una y otra vez, comencé a sufrir amenazas", un extremo que corroboró la también presunta estafada E.D.R., que indicó que pagó a la ONG un total de 2.100 euros y que, tras no serle devuelto "un sólo euro", también recibió amenazas.

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