Recurren la condena de cuatro años impuesta a un hombre acusado de tráfico de drogas

Actualizado 25/08/2007 13:19:28 CET

HUELVA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La defensa de F.J.H., de nacionalidad española y acusado de un delito de tráfico de drogas con el agravante de simular operaciones internacionales, ha interpuesto un recurso de casación contra la sentencia emitida por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, que condena a su patrocinado a cuatro años y seis meses de prisión.

La defensa señaló a Europa Press que la condena "es injusta", pues, según argumentó, "a los otros tres acusados, de nacionalidad francesa, la pena por el mismo delito se les ha quedado en tres años, lo mínimo en este caso", mientras que para su defendido "la pena ha sido mayor a pesar de que su implicación no ha sido probada como en los tres casos anteriores".

Asimismo, recordó que la pena impuesta a J.P.P., G.R.D., y E.T.J. fue de tres años de cárcel por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y cometido por grupo organizado en condiciones de extrema gravedad.

Igualmente, la defensa de F.J.H. señaló que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva aplicó a la hora de establecer las penas para los cuatro acusados "la notoria importancia por el tráfico de hachís".

Según la calificación provisional del fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, los cuatro acusados fueron sorprendidos el pasado 21 de octubre de 2005 en el interior de una nave situada en el polígono industrial La Estación de la localidad onubense de Cartaya, teniendo en su poder una cantidad total de 1.060 kilos de hachís, "una sustancia que pretendían destinar al consumo de otras personas a través de su venta".

LA DROGA, ENTRE CEBOLLAS.

El Ministerio Público señala que esta sustancia debía ser enviada a Liverpool (Inglaterra) y se encontraba oculta entre numerosas cajas que contenían 20.200 kilos de cebollas, y añade que los procesados, actuando de común acuerdo con otras dos personas que no han podido ser halladas, formaban parte de un grupo cuya forma de actuar consistía en ampararse en la existencia de una sociedad legalmente constituida, en cuyos estatutos sociales figuraba su dedicación a la actividad de exportación e importación de productos alimenticios, para ocultar grandes cantidades de hachís entre la lícita mercancía con el objetivo final de trasladarla desde España hasta otros países europeos.

Así, el fiscal indica que, dentro de esta organización, J.P.P. aparecía como la persona que dirigía todas sus actividades, se encargaba de reclutar a sus miembros, decidía qué tareas debían desempeñar cada uno de ellos, ordenaba los transportes que debían hacerse, controlaba la contabilidad y los cobros y autorizaba los pagos, además de ocuparse de dotar a la empresa de los medios materiales necesarios para su funcionamiento.

Por su parte, F.J.H. era la persona que facilitaba los datos de posibles compradores en Inglaterra y se ocupaba de contratar con empresas ajenas a la actividad ilícita el transporte de la droga oculta entre mercancía legal. G.R.D. colaboraba en las actuaciones de los anteriores y aparecía como la persona que se iba a encargar de la administración de la empresa, mientras que E.T.J. desempeñaba funciones de carga y descarga de la mercancía en los camiones y en la nave.

Las dos personas que no han podido ser halladas se ocupaban de comprar la lícita mercancía entre la que se ocultaba el hachís y de trasladarla a las instalaciones materiales de la empresa, de efectuar las facturas a los clientes y de labores de mantenimiento de la maquinaria encontrada dentro de la nave de Cartaya.

Según relata el fiscal, en el interior de la nave, además de la droga y la cebolla, aparecieron numerosas cajas de cartón con rollos de cinta adhesiva similar a las utilizadas por el envoltorio de los paquetes que contenían el hachís, 70 palés de cajas de cartón, un ordenador, una cámara frigorífica, una maquina flejadora, dos máquinas envasadoras, una carretilla elevadora y un módulo prefabricado, todos ellos empleados para la realización de la actividad ilícita descrita.

En el momento de su detención, le fueron intervenidos a los acusados dos turismos y un total de 5.940 euros procedentes de la venta de droga.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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