HUELVA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
Representantes de los ayuntamientos con una gran actividad agrícola como son los de Moguer, Lepe, Lucena del Puerto y Almonte (Huelva) han destacado las acciones puestas en marcha desde el ámbito local para intentar poner fin al fenómeno de los asentamientos en sus términos municipales.
De hecho, la alcaldesa almonteña, Rocío Espinosa (PSOE), ha precisado que en su territorio municipal no se da este tipo de infraviviendas y ha remarcado las políticas que desde hace mucho años ha impulsado el Consistorio.
Esta valoración de los ayuntamientos moguereño, lepero, lucenero y almonteño se produce tras conocerse el informe de la Mesa por la Integración --formada por Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asnuci, Cáritas Diocesana de Huelva, Codenaf, Fecons, Huelva Acoge, Federación Andalucía Acoge, Mujeres en zona de conflicto--, que señala que más de 2.500 personas viven en asentamientos en época álgida de la campaña.
En declaraciones a Europa Press, la primera edil de Almonte ha recordado que en su municipio no se da este fenómeno dado que en las fincas hay viviendas construidas para acoger a los temporeros que vienen para la campaña agrícola, al tiempo que ha subrayado las acciones que desde el año 1999 han puesto en marcha en la localidad para "llevar a cabo una buena gestión del territorio".
"Almonte fue de los primeros municipios en empezar a traer mano de obra de fuera de la provincia", ha indicado Espinosa, que ha defendido la importancia de las iniciativas emprendidas en todo este tiempo como el Servicio de Atención al Inmigrante, el cual funciona desde el año 2000, se financia con fondos municipales, y ofrece asesoramiento a este colectivo gracias a un trabajador social y un mediador.
Convencida de la funcionalidad de la coordinación entre las administraciones y los empresarios, la regidora almonteña ha destacado que, a su juicio, Almonte es "ejemplo" de que "las cosas se han hecho bien" y se ofrece "condiciones de dignidad" a las personas que realizan su trabajo en el sector.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
En esta misma línea se han pronunciado desde el Consistorio de Moguer, donde la mayoría de estos asentamientos se ubican en fincas privadas. No obstante, en el año 2011 el Consistorio puso en marcha, en colaboración con las asociaciones solidarias y con las que trabajan directamente apoyando a los colectivos inmigrantes, un protocolo de actuación sobre este tipo de asentamientos.
Dicho protocolo incluye desde información a los inmigrantes sobre otros posibles alojamientos, traslados a nuevas zonas de demanda de mano de obra, hasta la aportación de productos básicos de alimentación y aseo para las personas afectadas. "Esto ha permitido desmontar en torno al 80 por ciento del millar de chabolas ilegales que se habían detectado en el término moguereño", han destacado.
Así, "de las 1.500 personas que vivían en asentamientos en este término municipal hace unos años se ha pasado apenas a unas 300 gracias a la voluntad de estas personas por mejorar su situación y a la labor desarrollada tanto desde instituciones y organismos públicos como desde asociaciones", han proseguido.
Por su parte, el Ayuntamiento colabora directamente con Cáritas y varias asociaciones ciudadanas en el mantenimiento de un centro de atención para estas personas en las que se les facilitan duchas y productos de aseo, lavado de ropa y alimentos.
El alcalde de Moguer, el socialista Gustavo Cuéllar, ha insistido en la importancia de trabajar "de manera ágil y coordinada" entre todas las administraciones y la sociedad para intentar atender estas situaciones de necesidad que padecen muchas personas, "cuyo único objetivo es intentar mejorar sus condiciones de vida".
De cualquier manera, el primer edil ha destacado "la dificultad que tenemos los ayuntamientos afectados para poder desarrollar este tipo de actuaciones de recuperación y limpieza tanto en montes públicos como en fincas privadas".
Además de los cuantiosos gastos que supone el desmontaje y el reciclado de los materiales de estas chabolas, "desde la Subdelegación del Gobierno se insiste en la necesidad de contar con autorización judicial para cualquier intervención en estas construcciones, lo que supone un problema añadido para poder ejecutar un plan integral sobre estas precarias estructuras que suponen un peligro para sus propios ocupantes".
En este sentido, el alcalde ha remarcado "la implicación" de la Junta de Andalucía, "que gracias a una subvención concedida por unos 120.000 euros, nos va a permitir poner en marcha en los próximos meses un centro de acogida para inmigrantes que contribuya a paliar en la medida de lo posible la situación de este colectivo".
A su vez desde el Consistorio de Lucena del Puerto, donde según las entidades se ha conformado un asentamiento en el que viven personas de nacionalidad rumana, la concejala de asuntos sociales, Lola Guerrero, ha asegurado que realizan visitas periódicas sobre todo para controlar la escolarización de los menores que, en "en ocasiones porque no es siempre", viven en ese espacio.
Guerrero ha asegurado que la trabajadora social del Consistorio les informa del centro escolar, del aula matinal y de los servicios del comedor, así como "del transporte escolar que también se les habilita con paradas lo más cercana posible a la finca". A su vez, aseguran que se encuentran en permanente conctacto con la Policía Local por si ve a algún menor por la calle en horario escolar, poder contactar con la familia.
Estas visitas se producen cada 15 días y ha asegurado que en la última comprobaron que "no convivían menores entre la veintena de personas que en estos momentos se encuentran en ese asentamiento", no obstante precisa que "son intinerantes y que este número puede cambiar de un día para otro". Para los adultos se llevan a cabo campañas de información sobre los servicios de la oficina de servicios sociales que, a su vez, los ponen en contacto con organizaciones y donde se les asesora laboralmente.
FOMENTO DEL ALQUILER
Por otro lado, la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lepe, Mariana Otero (PP), ha destacado la estrategia 'Lepe-Hábitat: Bolsa de Viviendas', enmarcada en la Agenda 2020 'Erradicación del chabolismo en Lepe. Estrategia para la intervención'.
Así, en declaraciones a Europa Press, la edil ha recordado que el principal objetivo de esta bolsa de viviendas es aprovechar las viviendas vacías y/o de segundo uso, en una estrategia de alquiler para la erradicación del chabolismo, incentivada por los beneficios fiscales ofrecidos por el Ayuntamiento de Lepe a los propietarios de la viviendas puestas a disposición de este programa 'Lepe-Hábitat'.
"Desde el Ayuntamiento, de la mano de las organizaciones sociales, tratamos de tomar todas las medidas que están a nuestro alcance para que este fenómenos vaya a menos", ha dicho Otero, a lo que ha añadido la relevancia de esta medida para fomentar el alquiler.
Según ha proseguido, "vamos despacito, paso a paso", pero "intentamos hacer todo lo posible para que las personas que vienen a trabajar al campo cuenten con unas condiciones dignas" en cuanto a su alojamiento y habitabilidad.
Otero ha subrayado que, entre las ventajas de la iniciativa 'Lepe-Hábitat', destacan que las entidades responsables como Fecons y Asnuci asumen el contrato y el pago del alquiler; que la vivienda se encuentra alquilada y que no se deteriora por el abandono, garantizando un servicio de limpieza quincenal y un seguro de alquiler de la vivienda (opcional).
"Se trata de dar confianza a los propietarios para que se animen a alquiler sus viviendas", ha precisado la edil, que ha remarcado que entre el colectivo de inmigrantes cada vez hay más demanda para acceder a viviendas en alquiler.
