SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP-A ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía en la que propone al Consejo de Gobierno andaluz activar medidas para proceder de manera consensuada a ampliar la concesión de tierras a cooperativistas de Almonte-Doñana, pues la fecha de finalización está prevista para el año 2017, así como de las ayudas compensatorias de retirada de cultivos que estos perciben en la actualidad.
En el texto de la proposición, consultado por Europa Press, el PP sostiene que desde hace muchos años defiende en Huelva la pervivencia de un desarrollo sostenible en los aledaños de Doñana acorde con las determinaciones de la Comisión de Expertos.
Por ello, exponen, suscribió la solución que por consenso se tomó para dar una salida a los cooperativistas implantados en el Plan Almonte-Marisma en el año 1997, consistente básicamente en la retirada de cultivos, con unas determinadas condiciones que se han cumplido, y en fijar otras condiciones para los que optaran libremente por seguir cultivando, que no se han cumplido.
Por este motivo, el PP-A apoyó las reivindicaciones de la comisión de representantes de más de 160 cooperativistas --que representan a más de 700 personas--, acogidas a la retirada de tierras de cultivos (subsectores 11-13, 11-14 y 11-16 del Plan Almonte Marismas, del término municipal de Almonte).
"Entendemos que se ha producido un trato desigual en aplicación de dichos acuerdos a favor de los acogidos a la continuidad. Se calcula que la diferencia entre los que se quedaron y los que optaron por la retirada comprende un diferencial de beneficio de aproximadamente 28.000 euros por cada hectárea a favor de los que se quedaron: en dicha cantidad está cifrado el importe por cada hectárea del trato desigual y la discriminación de los acogidos a la retirada", señalan.
Ante ello, y dada la "inmensa injusticia" cometida con unos cooperativistas que en su día confiaron en lo que la propia administración andaluza manifestó por escrito "y luego no ha cumplido", los populares creen necesario "reponer la legalidad y hacer algo estrictamente de justicia".
De esta manera, proponen constituir una comisión de trabajo formada por un representante de cada grupo político con representación parlamentaria, un representante del Consejo de Gobierno o en quien deleguen y un representante de los afectados, a fin de buscar una solución definitiva al problema que desde hace años padecen estos cooperativistas.
